Toluca, Edomex; 28 de octubre de 2026.- La reforma a la Ley de la UAEMex tiene dos discusiones de fondo: presupuesto y elección de autoridades. La primera no es menor. Al menos cinco universidades públicas estatales enfrentan graves problemas financieros, con dificultades para cubrir prestaciones. En este escenario, la estabilidad presupuestal no puede quedar subordinada a decisiones improvisadas ni a reformas que comprometan la operación institucional; ni mucho menos excluir actividades sustantivas como la docencia y la investigación.
En suma, mientras el debate legislativo se concentra en las reglas para elegir autoridades, siguen pendientes las definiciones sobre financiamiento y presupuestos progresivos que permitan garantizar la gratuidad de la educación superior. Y en esa ecuación, se trata de asegurar la estabilidad financiera y no por un impulso populista, poner en riesgo el ingreso de más de 15 mil familias que dependen de una correcta administración universitaria.
La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez, que retoma el anteproyecto presentado por la Rectoría de la UAEMex, incorpora el principio de consulta universitaria previsto en la Ley General de Educación Superior. La discusión, por tanto, no se agota en quién elige a las autoridades, sino también en cómo garantizar que los cambios legales respeten la autonomía y la viabilidad financiera de la institución. Y es que por delante, se debe considerar que vendrá una armonización reglamentaria desde la comunidad universitaria.
En el debate legislativo llamó la atención el peso que adquirió la elección de autoridades. El exconsejero estudiantil Carlos Bañales lo resumió ante las comisiones legislativas: la Universidad es una institución educativa, no un espacio político; su prioridad debe ser la formación académica y la generación de conocimiento. Sin embargo, poco se escuchó de los legisladores sobre cómo fortalecer la calidad educativa que reciben las juventudes mexiquenses. Ese también tendría que ser un debate de fondo, con alcances que trasciendan la coyuntura de la reforma, porque está en juego las futuras generaciones.
La autonomía universitaria no debe servir de pretexto para excluir a su comunidad, pero tampoco convertirse en terreno de disputa entre intereses políticos externos. La definición de sus procesos internos exige reglas claras, participación informada y respeto al marco legal. Porque una reforma universitaria no se mide solamente por quién gana una votación, sino por la Universidad que deja después de ella. Queda la sensación de que, quienes dañaron a la UAEMex en la fallida sucesión de rectoría, pretenden incidir ahora desde agentes externos, ataviados de técnica parlamentaria.
Ahora bien, ante la eventual dictaminación de la ley universitaria, todo apunta que la discusión y aprobación del nuevo marco legal de la UAEMex podría subirse al pleno legislativo para el jueves 29 de septiembre. Y es ahí, donde vale la pena que los 75 congresistas tengan conocimiento de lo que se vota, y cómo trasciende a una institución que es responsable de la educación de 100 mil mexiquenses desde el nivel medio superior y superior.
