Vida Pública / Arturo Huicochea Alanís
Hace medio siglo, las democracias occidentales enfrentaron una crisis que parecía comprometer su futuro. Hoy, en circunstancias diferentes, atraviesan otra. Las semejanzas inquietan; las diferencias son indispensables para comprender lo que ocurre en México.
En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki publicaron The Crisis of Democracy. Advirtieron que los gobiernos encontraban crecientes dificultades para responder a sociedades más participativas, exigentes y desconfiadas. Inflación, conflictos distributivos y demandas insatisfechas ponían a prueba la gobernabilidad.
Paradójicamente, mientras se diagnosticaba aquella crisis, Portugal, Grecia y España iniciaban transiciones que contribuirían a la tercera ola de democratización. La historia enseñó que el malestar no conduce inevitablemente al autoritarismo: también puede abrir caminos de renovación institucional.
Hoy el problema es más complejo. A la dificultad de satisfacer expectativas se añade el riesgo de debilitar las reglas que limitan el ejercicio del poder.
El malestar no reconoce fronteras. En Europa y América, protestas, volatilidad electoral y desconfianza hacia los partidos expresan frustraciones distintas: empleos inseguros, dificultades para acceder a vivienda, desigualdad o temor al futuro. No son fenómenos idénticos, pero comparten una pregunta: ¿quién escucha y responde al ciudadano?
En México, esas inquietudes se entrelazan con la violencia, la debilidad de la justicia y las expectativas incumplidas de prosperidad. El bajo crecimiento, la inseguridad y la impunidad plantean dudas sobre la eficacia gubernamental; la distancia entre representantes y ciudadanos erosiona la confianza; y los cambios en el sistema judicial han suscitado cuestionamientos sobre la independencia de los contrapesos. La legitimidad obtenida en las urnas es relevante, pero no reemplaza la legitimidad de ejercicio: gobernar conforme a la Constitución y rendir cuentas.
Conviene distinguir, entonces, entre crisis de gobierno, crisis de representación y erosión democrática. Perder elecciones o enfrentar protestas no demuestra por sí mismo que la democracia fracase; puede revelar, justamente, que la ciudadanía conserva medios para exigir cambios.
Pankaj Mishra, en La edad de la ira, ilumina otra dimensión: las promesas modernas de prosperidad, igualdad y reconocimiento, incumplidas para muchos, alimentan frustración y resentimiento. La indignación puede buscar culpables y soluciones autoritarias. Mishra sugiere recuperar solidaridad, comunidad y dignidad; su diagnóstico es penetrante, pero su respuesta institucional resulta insuficiente.
Ahí comienza el aporte de los teóricos de la democracia constitucional. Robert Dahl exige participación y oposición efectivas; Juan Linz advierte sobre los riesgos de abandonar las reglas comunes; Norberto Bobbio recuerda que los procedimientos y las libertades limitan al poder; Jürgen Habermas subraya la deliberación pública. Levitsky y Ziblatt muestran cómo una democracia puede erosionarse incluso desde gobiernos electos.
La alternativa para México no es contener la inconformidad ni conceder poderes ilimitados: es recuperar la eficacia del Estado, reconstruir la representación y fortalecer la justicia independiente, el pluralismo y la rendición de cuentas.
Mishra explica por qué se indigna la sociedad. La teoría democrática indica cómo convertir esa indignación en cambio político sin sacrificar la libertad. Porque la democracia no se salva silenciando la ira, sino transformándola en participación, resultados y límites al poder.
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