Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 14 de octubre de 2026.- A un año de asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez reportó más de 13 mil solicitudes iniciales de atención ciudadana, tras reconocer que persisten las inconformidades contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia estatal, los ayuntamientos y los servicios médicos, y adelantó que prepara una reforma legal para fortalecer la actuación de las defensorías municipales.
En entrevista con On Record de Plana Mayor, el ombudsperson sostuvo que el organismo ha privilegiado la atención inmediata y las medidas precautorias para resolver posibles vulneraciones a derechos humanos antes de que los casos deriven en una queja formal o en una recomendación.
De acuerdo con Delgado Pérez, las más de 13 mil solicitudes recibidas durante su primer año no se tradujeron necesariamente en quejas, pues una parte se atendió mediante asesorías, canalizaciones, orientación y gestiones directas ante autoridades para corregir posibles afectaciones.
Como ejemplo, expuso los casos de niñas y niños a quienes se les impide ingresar a la escuela por no cubrir cuotas de las sociedades de padres de familia. En esas circunstancias, explicó, la CODHEM interviene ante las autoridades para procurar que se garantice el derecho a la educación sin necesidad de iniciar necesariamente un procedimiento formal.
El presidente de la Comisión defendió este modelo de atención como una vía para ofrecer respuestas inmediatas, aunque reconoció que los principales motivos de inconformidad contra autoridades públicas mantienen una tendencia persistente.
Víctor Leopoldo Delgado Pérez admitió que las quejas contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan entre las más numerosas. En segundo lugar, ubicó a los ayuntamientos, mientras que las inconformidades relacionadas con la atención médica también figuran entre los asuntos recurrentes.
Sobre este último rubro, señaló que las investigaciones de la Comisión permiten advertir posibles vulneraciones a derechos humanos derivadas de una atención médica inadecuada, cuando existen elementos que las acrediten.
Como parte del balance de su primer año de gestión, el presidente de la Codhem aseguró haber cumplido los proyectos institucionales trazados a partir de consultas con trabajadores del organismo, organizaciones civiles y defensores municipales.
En materia de autonomía, aseguró que no ha recibido instrucciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial para orientar la resolución de casos y sostuvo que tampoco permitirá injerencias de esa naturaleza. Añadió que la independencia institucional también debe reflejarse en la designación de los funcionarios que ocupan posiciones clave dentro de la Comisión.
Uno de los resultados que destacó fue la revisión de los 125 bandos municipales de policía y buen gobierno, ejercicio en el que la CODHEM identificó deficiencias normativas en 80 municipios.
Según explicó, algunas disposiciones municipales establecían como faltas administrativas conductas que ya se encuentran tipificadas como delitos en la legislación penal, además de incluir normas relacionadas con la atención a niñas, niños y adolescentes que ameritaron observaciones.
Ante estos hallazgos, la Comisión promovió acciones de inconstitucionalidad para que se revise la legalidad de las disposiciones cuestionadas.
Víctor Leopoldo Delgado también reconoció dificultades en el funcionamiento de las defensorías municipales de derechos humanos, cuya relación administrativa con los ayuntamientos puede comprometer su capacidad para actuar frente a las propias autoridades locales.
Por ello, adelantó que trabaja en una propuesta de reforma a la ley de la CODHEM para establecer una coordinación más estrecha con esas instancias y fortalecer su función de protección ciudadana.
Respecto a las recomendaciones emitidas por el organismo, Delgado Pérez reconoció que, por disposición constitucional, estas no son vinculantes en el momento de su emisión. Sin embargo, sostuvo que cuentan con fuerza moral y ética, además de mecanismos institucionales para exigir explicaciones cuando una autoridad se niega a aceptarlas.
Explicó que, en esos casos, la Comisión puede dar vista al Poder Legislativo para que el servidor público involucrado comparezca y exponga las razones de su negativa.
El presidente de la CODHEM afirmó que, de acuerdo con los registros históricos del organismo, entre 97 y 98 por ciento de las recomendaciones han sido aceptadas. Una vez aceptadas, añadió, las autoridades deben cumplirlas y la Comisión da seguimiento a las medidas ordenadas.
En materia penitenciaria, Delgado Pérez informó que la visitaduría especializada en la atención a personas privadas de la libertad recibió 697 quejas e inconformidades durante el año.
Además, confirmó el inicio de una investigación de oficio por presuntos cobros a familiares de internos en el penal de Santiaguito, luego de que la Comisión tuvo conocimiento de los señalamientos difundidos en una nota informativa.
Detalló que se solicitaron informes a las autoridades penitenciarias, se requirieron medidas precautorias y se programaron diligencias para identificar a los posibles responsables de exigir pagos a los familiares.
En cuanto a la Ley de Amnistía, informó que la CODHEM ha emitido 27 pronunciamientos que han beneficiado a 22 personas. Explicó que cada caso requiere documentar posibles violaciones al debido proceso y condiciones de vulnerabilidad, entre ellas la pobreza, la pertenencia a pueblos originarios o las barreras lingüísticas que impiden contar con una defensa adecuada.
A un año de su llegada, Delgado Pérez coloca entre las prioridades de la Comisión la atención temprana de posibles violaciones, la revisión de normas municipales y el fortalecimiento de las defensorías locales.
Al mismo tiempo, su propio diagnóstico confirma que las inconformidades contra autoridades de procuración de justicia, gobiernos municipales y servicios médicos siguen representando uno de los principales desafíos para la protección de los derechos humanos en el Estado de México.
