Francisco Ledesma
Toluca, Edomex, 14 de octubre de 2026.- La efectividad de las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres, la falta de indicadores sobre feminicidios y desapariciones, y el alcance de las medidas de protección confrontaron a las bancadas de oposición con la secretaria de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, durante su comparecencia ante el Congreso local.
Diputadas del PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron que el tercer informe de gobierno de Delfina Gómez Álvarez privilegie cifras de talleres, asesorías, llamadas y espacios intervenidos, sin demostrar de manera suficiente cuántas mujeres dejaron de sufrir violencia o recibieron protección efectiva.
En respuesta, la funcionaria defendió las acciones de prevención territorial, atención multidisciplinaria y coordinación institucional, y presentó cifras de servicios brindados, apoyos económicos y reducciones en algunos delitos sexuales. Sin embargo, los cuestionamientos legislativos se concentraron en la necesidad de conocer los resultados de esas intervenciones frente a la violencia feminicida y la desaparición de mujeres y niñas.
La discusión ocurrió en una entidad que mantiene dos alertas de violencia de género: una por feminicidio, declarada en 2015 para 11 municipios, y otra por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, emitida en 2019 para siete municipios.
La diputada de MC, Ruth Salinas, señaló que el capítulo de igualdad de género del informe, integrado por 22 páginas, no incluye cifras de feminicidios ni de mujeres desaparecidas. Expuso que, de enero a agosto de 2026, se registraron 31 víctimas de feminicidio en el Estado de México, segundo lugar nacional, y cuestionó que los resultados de la atención institucional no se traduzcan necesariamente en protección.
Entre los datos que presentó, destacó que la línea Sin Violencia identificó 2 mil 914 llamadas con riesgo feminicida medio o alto, mientras que se reportaron 175 visitas domiciliarias de seguimiento. También cuestionó que, frente a más de 27 mil mujeres atendidas en unidades especializadas, se tramitaran 142 órdenes de protección, y que el programa de reparación a víctimas de feminicidio registrara únicamente cinco compensaciones.
Salinas exigió publicar mensualmente las cifras de feminicidios, muertes violentas de mujeres y desapariciones, evaluar de manera independiente las alertas de género y garantizar atención presencial oportuna a las mujeres identificadas con riesgo feminicida alto.
Por el PRD, Araceli Casasola Salazar pidió indicadores concretos para medir la reducción de la violencia y conocer los resultados de las medidas aplicadas en los municipios alertados. Cuestionó también la efectividad del programa Caminemos Seguras, al advertir que la instalación de luminarias, botones de emergencia y la rehabilitación de espacios públicos no sustituyen la prevención del delito ni la investigación y sanción de los agresores.
La legisladora relató que buscó a la secretaria para plantearle una colaboración relacionada con la violencia con ácido y la Fundación Carmen Sánchez, pero no consiguió hablar directamente con ella. En contraste, dijo que la gobernadora Delfina Gómez sí le concedió tiempo para escuchar la misma propuesta. Por ello, pidió a Rodríguez Hernández conducirse con “sororidad y humildad”.
La panista Krishna Karina Romero Velázquez citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de agosto, según las cuales el Estado de México ocupaba el primer lugar nacional en víctimas mujeres de lesiones dolosas, violencia familiar y violación simple y equiparada. También refirió 24 mil 860 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres entre enero y agosto, un promedio de 102 reportes diarios.
La diputada pidió conocer los mecanismos de coordinación para garantizar una respuesta oportuna a esas llamadas y los resultados de las brigadas de seguimiento. También solicitó información sobre la ampliación de Ciudad Mujeres y las condiciones presupuestales y de personal especializado de sus nuevas sedes.
Por el PRI, Leticia Mejía advirtió que la disminución de feminicidios reportada por el gobierno debe analizarse con rigor metodológico y contrastarse con el comportamiento de las muertes violentas de mujeres. Además, preguntó qué mecanismos existen para evitar que las beneficiarias de Mujeres con Bienestar vuelvan a caer en pobreza, cuándo abrirá la cuarta sede de Ciudad Mujeres en Huehuetoca y qué acciones se realizan ante presuntos casos de acoso laboral, abuso de autoridad y violencia institucional dentro de la dependencia.
Durante su exposición, Rodríguez Hernández informó que las 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS) brindaron 168 mil 352 atenciones multidisciplinarias a 27 mil 370 mujeres. Los servicios incluyeron más de 59 mil intervenciones de trabajo social, 53 mil asesorías jurídicas y 50 mil atenciones psicológicas.
Añadió que el acompañamiento para presentar denuncias ante la Fiscalía derivó en 370 carpetas de investigación y que se gestionaron 104 órdenes de protección administrativas y 38 jurisdiccionales.
En materia de atención a víctimas indirectas, reportó que la canasta básica alimentaria benefició a mil 727 personas, con una inversión de 24 millones 659 mil 200 pesos, mientras que el Programa Valentina atendió a mil 481 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, con 25 millones 869 mil pesos. Además, se otorgaron cinco compensaciones solidarias por un monto conjunto de 2 millones 849 mil 380 pesos.
La funcionaria aseguró que algunos delitos sexuales registraron reducciones: más de 43 por ciento en hostigamiento sexual, cerca de 49 por ciento en acoso sexual, 15.18 por ciento en violación y 8.75 por ciento en abuso sexual, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo.
También reportó 166 Operativos Violeta en los 11 municipios con alerta por feminicidio, con intervenciones en 632 colonias, mil 412 espacios públicos y 620 paraderos del transporte público. Durante esas acciones se brindaron 91 auxilios a mujeres en situaciones de acoso o violencia y se realizaron 21 puestas a disposición.
Mediante Caminemos Seguras, agregó, se rehabilitaron 12 mil 498 metros de vialidades, con una inversión de 119 millones de pesos, y se instalaron 977 luminarias, 12 botones de emergencia y 17 cámaras de videovigilancia.
Sobre el presupuesto con perspectiva de género, aclaró que los más de 170 mil millones de pesos identificados en el anexo 4 para 2026 corresponden a recursos transversales de distintas dependencias estatales, no al presupuesto propio de la Secretaría de las Mujeres.
Pese a los resultados presentados, la exigencia central de la oposición fue conocer cuántas mujeres están efectivamente más seguras, qué ocurrió con quienes solicitaron ayuda en situaciones de alto riesgo y cuáles son los indicadores que permiten evaluar el impacto de las políticas públicas frente a la violencia de género.
