Israel Dávila
Chalco, Edomex. 14 de octubre del 2026.- Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México detenidos en agosto pasado, acusados de encabezar una red dedicada a extorsionar a propietarios de veficientros en el Estado de México, recuperaron su libertad anoche, pues una juez del Poder Judicial del Estado de México reclasificó el delito de extorsión a solo abuso de autoridad y ellos admitieron su responsabilidad.
Con ello, los dos acusados tuvieron acceso a un procedimiento abreviado en el cual se les condenó a un año y 4 meses de prisión conmutables por el pago de una fianza de 5 mil pesos.
Ayer, durante una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la juez Sandra Isabel Cortés, del distrito judicial de Chalco, determinó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no pudo acreditar fehacientemente el delito de extorsión que se les imputaba y por ello decidió reclasificar el delito a abuso de autoridad, un delito menor con penas máximas de 9 años, mientras que el de extorsión ameritaba de 40 a 70 años de carcel.
Tanto Raúl Piña quien era director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, como Carlos, quien ocupaba la Dirección la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera en esa misma dependencia, admitieron su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad y así , en una sola diligencia se les condenó a un año y 4 meses de prisión y el pago de la fianza, la cual cubrieron sus abogados de forma inmediata.
En la sentencia emitida por la juez se ordenó la destitución de ambos del cargo que ostentaban en la Secretaría del Medio Ambiente estatal y los inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años.
Además se ordenó a los dos acusados a presentarse cada mes al Centro de Medidas Cautelares y se les prohibió acercarse a las víctimas.
A decir de la Fiscalía, la reclasificación del delito se dio luego de que se obtuvieron testimoniales de los propietarios de los verificentros en el sentido de que ya trabajaban sin problemas y nadie les obligaba a entregar moches para poder operar.
Cabe recordar que Raúl Piña es uno de los hombres más cercanos al ex senador Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “el niño verde”, quien durante las últimas décadas ha sido prácticamente el dueño del Partido Verde.
En agosto pasado, cuando la Fiscalía judicializó el expediente, tanto Raúl Piña como Carlos Solares formaban parte de una red dedicada a extorsionar a propietarios de verificentros, con exigencias que llegaron hasta los 500 mil pesos por cada línea de verificación y que en pocos meses lograron recaudar cientos de millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía señala que esta red comenzó a operar en diciembre de 2023. El mecanismo tenía varias vías, desde cobros mensuales del alrededor de 200 mil pesos mensuales, pagos extraordinarios por revalidaciones de permisos y cuotas relacionadas con el número de líneas de verificentros y aquellos que se negaban a pagar este moche , les bloqueaban los sistemas desde la Secretaría del Medio Ambiente y les restringían la entrega de hologramas.
La Fiscalía aseguró en aquel momento tener acreditado que las revalidaciones de las concesiones también fueron utilizadas como mecanismo de presión. En marzo de 2026, Raúl Piña habría enviado un mensaje para exigir 500 mil pesos por cada línea de verificación por revalidaciones que ya habían sido autorizadas desde 2024.
La dimensión económica de esa exigencia explica la cifra de 430 millones de pesos que aparece en las investigaciones. Actualmente existen 878 líneas de verificación en operación en el Estado de México; multiplicadas por los 500 mil pesos exigidos por cada una, representan 439 millones de pesos.
Raúl y Carlos Eduardo fueron detenidos el 10 de agosto. El primero fue vinculado a proceso por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad, pero tras la revisión del expediente y la nueva valoración que hizo la juez, les reclasificó el delito para que solo se les procesara por abuso de autoridad, como lo alegó la defensa.
A decir de la fiscalía estatal la condena de un año y cuatro meses conmutable al pago de la fianza de 5 mil pesos, no cierra el expediente, pues se dejó abierta la posibilidad de seguir investigando para determinar quienes más formaban parte de este entramado criminal.
