Redacción
Toluca, Edomex; 8 de octubre de 2026.- Sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en la atención médica y suministro de medicamentos, así como condiciones que dificultan la reinserción social, forman parte de los problemas que enfrentan los centros penitenciarios del Estado de México y que mantienen vigente la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) advirtió sobre la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud, condiciones dignas de internamiento y mecanismos efectivos para denunciar posibles abusos, sin que la situación jurídica de las personas constituya un impedimento para el ejercicio de los derechos que no les han sido legalmente restringidos.
Uno de los antecedentes documentados es el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Centro Penitenciario Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla. Emitido en enero de 2026, a partir de visitas realizadas en junio de 2025, el documento identificó problemas de infraestructura, atención médica, sobrepoblación y hacinamiento, además de riesgos para la seguridad y la integridad de la población penitenciaria.
Ante este panorama, la CODHEM sostuvo que el derecho a la salud requiere atención médica oportuna, continuidad de los tratamientos, disponibilidad de medicamentos y servicios de salud mental. También señaló la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de higiene, descanso, alimentación y acceso al agua.
El presidente del organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, ha señalado que las personas privadas de la libertad conservan su dignidad y los derechos que no han sido restringidos legalmente, por lo que el internamiento no debe traducirse en la pérdida de garantías fundamentales.
La vigilancia de las condiciones penitenciarias también comprende el trato que reciben los familiares durante las visitas. En septiembre pasado, la CODHEM realizó una inspección en el penal de Santiaguito y solicitó medidas cautelares tras recibir señalamientos sobre presuntos cobros irregulares y prácticas de revisión que podrían afectar a las personas visitantes.
El organismo planteó la importancia de que los controles de ingreso se realicen conforme a la legalidad y respeten la intimidad y dignidad de las familias. Los señalamientos, precisó el planteamiento institucional, deben investigarse sin anticipar responsabilidades.
La protección de la integridad personal también implica prevenir agresiones, amenazas y malos tratos, así como asegurar que las medidas disciplinarias y las revisiones de seguridad respeten la integridad física y psicológica de las personas internas. A ello se suma la necesidad de contar con mecanismos accesibles para presentar peticiones y quejas.
La CODHEM destacó que la reinserción social requiere algo más que el cumplimiento de una sentencia: supone garantizar acceso efectivo a educación, trabajo, capacitación, salud y deporte, con actividades que proporcionen herramientas para el regreso de las personas a sus comunidades.
La atención penitenciaria, añadió, debe considerar las necesidades específicas de mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y población de la diversidad sexual.
En los casos de mujeres que permanecen en prisión con sus hijas e hijos, también deben garantizarse atención médica especializada, espacios adecuados para la maternidad y condiciones que protejan el desarrollo infantil, bajo el principio del interés superior de la niñez.
A través de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, la CODHEM realiza supervisiones, recibe quejas, brinda orientación y solicita medidas cautelares.
Al corte del 7 de octubre, el organismo reportó su participación como observador en 13 operativos penitenciarios durante 2026, incluidos los realizados en el penal de Santiaguito los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
