Vinculan a proceso a dos funcionarios del Edomex por extorsionar verificentros

Redacción

Chalco, Edomex, 17 de agosto del 2026.-  Tras considerar que los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público fueron suficientemente robustos para presumir su responsabilidad en los delitos  de extorsión agravada y abuso de autoridad, una juez del distrito judicial de Chalco determinó vincular a proceso penal a  Raúl Pña Horta, quien se desempeñaba como , director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y a Carlos Eduardo Solares Vega, quien ocupaba la dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera de esa misma dependencia.

Ambos funcionarios deberán permanecer encarcelados en el penal de Chalco durante el tiempo que dure el juicio en contra, ya que la juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de ambas personas.

Raúl Piña Horta es militante del Partido Verde con una larga carrera política dentro del partido. En la década pasada fue secretario particular del entonces dirigente nacional de ese partido, Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”, lo que le permitió tejer buena relación con diversos dirigentes estatales.

En 2013 se sumó al gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez y se le concedió un cargo de dirección general en la Secretaria del Medio Ambiente, que por cuota se le asignó al Partido Verde, aliado a Morena.

Tanto Raúl Piña como Carlos Eduardo Solares usaron su cargo en la Secretaría del Medio Ambiente estatal para extorsionar a los propietarios de verificentros, pues según testimonios de los dueños de estos establecimientos asentados en la carpeta de investigación, ambos realizaban inspecciones a estos negocios y con el pretexto de que los sitios incumplían ciertas normas, les solicitaban grandes sumas de dinero para dejarlos operar.

En otros casos, la FGJEM tiene acreditado que abusaron de sus atribuciones al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño.