Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 11 de agosto de 2026.- A un mes de que inicie el proceso electoral para renovar las 125 presidencias municipales y 75 diputaciones locales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó por unanimidad una Ruta de acción para realizar análisis de riesgo en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), con la que por primera vez el organismo establece un mecanismo específico para identificar amenazas y activar medidas de protección para las víctimas.
La propuesta, impulsada desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, fue presentada por las consejeras electorales Karina Vaquera Montoya, Angeli Vieyra Vázquez y Paula Melgarejo Salgado, quienes coincidieron en que el nuevo instrumento busca que la autoridad electoral no tenga que esperar a que concluya un procedimiento sancionador para actuar ante una situación que pueda poner en riesgo la integridad de una mujer.
Durante la sesión, Vaquera Montoya destacó que la ruta permitirá determinar el nivel de amenaza que enfrenta una víctima y, a partir de ello, establecer un plan de seguridad que puede contemplar la integración de una red de apoyo, una señal de seguridad para alertar sobre posibles riesgos, identificación de salidas de emergencia en inmuebles y estrategias de autocuidado, como compartir la ubicación o realizar determinadas actividades acompañada.
La consejera sostuvo que el mecanismo representa un cambio relevante porque permite una intervención inmediata mientras las autoridades determinan responsabilidades. El objetivo, dijo, es identificar el riesgo, reducirlo y acompañar a la víctima para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales “en libertad y sin miedo”.
El análisis de riesgo no implica determinar anticipadamente la responsabilidad de la persona señalada, sino establecer qué tan expuesta se encuentra una mujer a que la violencia pueda repetirse o escalar. Para ello se tomarán en cuenta los hechos denunciados, las características de la agresión, la condición de vulnerabilidad de la víctima, la capacidad y cercanía de la persona señalada como presunta responsable, así como los posibles riesgos para familiares y equipos de trabajo.
Vaquera Montoya advirtió que la aprobación de esta ruta adquiere especial relevancia de cara a la elección de 2027, debido a que el ámbito municipal concentra la mayor proporción de registros de violencia política contra las mujeres.
De acuerdo con los datos expuestos durante la sesión, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género acumula 544 registros correspondientes a 501 personas sancionadas: 413 hombres, 84 mujeres y cuatro personas no identificadas, vinculadas con perfiles de Facebook.
Por entidad federativa, Oaxaca encabeza los registros con 127 casos, seguido de Veracruz con 80, Chiapas con 36 y el Estado de México con 30 registros.
En el caso mexiquense, 19 de las personas sancionadas son hombres, siete mujeres y cuatro corresponden a perfiles de Facebook.
Pero el dato que coloca al municipio como el principal foco de atención es todavía más significativo: 26 de los 30 registros del Estado de México —el 86.6 por ciento— corresponden al ámbito municipal, mientras que a nivel nacional la proporción es de alrededor de 61 por ciento.
Recordó que las agresiones no se limitan a la violencia física. También pueden presentarse mediante la ocultación de información para impedir el ejercicio de un cargo, la obstaculización de campañas, la negativa o restricción de recursos y atribuciones, la desacreditación mediante estereotipos de género, amenazas contra las mujeres, sus familias o equipos de trabajo, así como violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual o simbólica.
La consejera subrayó que el reto para 2027 no será únicamente incrementar la postulación de mujeres a las presidencias municipales, sino generar condiciones para que puedan gobernar efectivamente, particularmente en aquellos municipios donde históricamente no ha habido una mujer al frente del ayuntamiento.
Por su parte, la consejera Flor Angeli Vieyra Vázquez sostuvo que 2020 representó un parteaguas en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y en la construcción de una igualdad sustantiva; sin embargo, advirtió que las conductas constitutivas de violencia política de género continúan presentes y siguen limitando, anulando o menoscabando los derechos político-electorales de las mujeres.
Ante ello, afirmó que las autoridades electorales administrativas tienen la obligación de activar mecanismos institucionales de prevención, atención y erradicación, bajo una política de cero tolerancia.
La consejera Paula Melgarejo puso énfasis en otro elemento: la nueva herramienta no sustituye la denuncia formal.
Explicó que el mecanismo se activa a partir de la presentación de una denuncia y que las mujeres pueden recurrir a la Unidad de Género del IEEM para recibir orientación sobre cómo presentar un Procedimiento Especial Sancionador.
Melgarejo insistió en que las víctimas deben denunciar, particularmente cuando exista temor de sufrir daños a su integridad física o emocional.
