Vida Pública / Arturo Huicochea
El Derecho Constitucional suele recordarnos una verdad incómoda para el poder: la libertad de expresión existe, precisamente, para proteger las palabras que incomodan al gobierno, no las que le resultan agradables. Por ello preocupa que una medida cautelar del Instituto Nacional Electoral pueda proyectar un efecto inhibidor sobre el debate político, al grado de provocar que algunos actores de oposición adopten una prudencia mayor a la que el propio orden constitucional exige.
La calumnia electoral tiene una definición precisa: la imputación falsa de un delito a una persona identificable. No toda crítica severa, metáfora o juicio de valor constituye calumnia. La Constitución, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral han sostenido reiteradamente que el discurso político merece la máxima protección, porque es el instrumento mediante el cual una sociedad controla, cuestiona y limita al poder.
Conviene recordar, entonces, qué sí puede hacer una fuerza política de oposición. Puede criticar con firmeza al gobierno; exigir investigaciones; denunciar responsabilidades políticas; citar procesos judiciales, informes periodísticos e investigaciones nacionales e internacionales; formular opiniones severas y juicios de valor propios del debate democrático. Lo que no puede hacer es presentar como hechos definitivamente acreditados delitos que aún no han sido declarados por autoridad competente, ni imputarlos falsamente a personas determinadas. Confundir prudencia procesal con autocensura sería conceder al poder más de lo que la Constitución le reconoce.
Pero el aspecto más interesante de esta controversia quizá ya no pertenece al Derecho. Pertenece a la antropología social.
Las sociedades no obedecen el lenguaje: lo construyen. Las palabras no adquieren significado porque una autoridad las autorice o las prohíba, sino porque una comunidad decide adoptarlas, transformarlas o abandonarlas. La antropología lingüística ha demostrado que los significados son construcciones colectivas; una vez que una expresión entra al espacio público, deja de pertenecer a quien la pronunció y pasa a formar parte del patrimonio simbólico de la comunidad.
Existe una vieja expresión popular que resume admirablemente ese fenómeno: “si te queda el saco, póntelo”. No describe una admisión jurídica, sino un mecanismo de interpretación social. Las comunidades atribuyen significados observando las reacciones de los actores públicos. Cuando alguien concentra enormes esfuerzos en combatir una palabra, corre el riesgo de convertirse, precisamente, en el referente con el que esa palabra termina asociándose.
Ése parece haber sido el gran error estratégico del régimen.
Al intentar expulsar del debate público una expresión particularmente incómoda, consiguió exactamente el efecto contrario. Millones de personas que jamás la habían escuchado comenzaron a conocerla; otras que nunca la empleaban empezaron a preguntarse por qué provocaba una reacción tan intensa; muchas más la incorporarán al lenguaje político simplemente porque el propio poder decidió colocarla en el centro de la conversación nacional.
Ello no demuestra, desde luego, que el calificativo sea verdadero. La verdad jurídica depende de pruebas, no de consignas. Pero sí revela otra cosa: una extraordinaria sensibilidad del poder frente a una palabra. Y esa sobrerreacción inevitablemente despierta una pregunta que ningún tribunal puede responder: ¿por qué duele tanto?
En una democracia consolidada, las palabras incómodas se responden con transparencia, investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas. Se desvanecen cuando la realidad las desmiente.
Cuando, en cambio, la respuesta consiste en intentar desterrarlas del debate público mientras persisten investigaciones nacionales e internacionales, revelaciones periodísticas y hechos que la sociedad percibe como insuficientemente esclarecidos, el litigio deja de ser jurídico para convertirse en un fenómeno cultural. La discusión ya no gira en torno a quién pronunció una palabra, sino alrededor de por qué el poder decidió combatirla con tanta intensidad.
Las instituciones pueden ordenar retirar una publicación. Lo que no pueden hacer es gobernar el lenguaje.
Y cuando un gobierno convierte una palabra en su principal adversario, corre el riesgo de darle exactamente aquello que pretendía evitar: permanencia, notoriedad y vida propia. Ésa es, quizá, la más antigua y persistente lección de la antropología social.
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