Redacción
Toluca, Edomex. 7 de julio del 2026.- El diputado por Morena, Octavio Martínez Vargas propuso una reforma a la Ley de Contratación Pública del Estado de México encaminada a regular los procedimientos de arrendamiento que signan los gobiernos estata y municipales con particulares para la renta de oficinas, pues en muchos casos, estos son pactados con precios muy elevados que afectan la hacienda pública.
El diputado explicó que el el propósito es reordenar, transparentar y equilibrar las condiciones en que el gobierno estatal y los municipales rentan inmuebles para el ejercicio de sus funciones y que entre los elementos que se tomen en cuenta para la renta de los espacios se consideren, además del precio, criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público.
La iniciativa expone que los gobiernos estatal y municipales —que actualmente rentan más de 600 inmuebles para contar con la infraestructura administrativa necesaria para su operación— se ven obligados a contratar espacios con costos superiores a la inflación, lo que genera presiones sobre el gasto corriente y reduce la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.
Puso como ejemplo el caso del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde la anterior presidenta del TEEM, (Leticia Victoria Tavira), signó un contrato para rentar un edificio en obra negra a un plazo de diez años, por el que se paga medio millón de pesos de mensualidad. Además, los arreglos del edificio y el equipamiento de las oficinas corrió a cargo del tribunal pues el particular no permitió que estos detalles fueran a cuenta de la renta y subrayó que casos como este abundan en la entidad.
Para atender esta problemática, Martínez Vargas propuso reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a fin de establecer que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipios detecten que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o elaborados sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deberá desechar la propuesta y dar vista a la instancia correspondiente para que determine las responsabilidades administrativas o sanciones que procedan.
Además se plantea que la Oficialía Mayor, las dependencias, las entidades, los órganos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares, se abstengan de recibir propuestas o de celebrar contratos con las personas físicas o jurídicas colectivas que, en procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al uso de oficinas públicas, incurran en prácticas de sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y seguridad del inmueble.
De aprobarse la reforma, se facultaría a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México a establecer, aparte de las políticas y normas técnicas y administrativas en la materia, los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la ley referida.
Martínez Vargas expuso que muchos alquires de oficinas han sido signados en colusión con administradores del pasado que suscribieron contratos más allá de su periodo, cuando la ley establece que ninguna autoridad puede suscribir un convenio más allá de su gestión.
Afirmó que en Toluca, el gobierno estatal y otros organismos públicos pagan costos de arrendamiento de inmuebles que, por la misma superficie, serían superiores a los registrados en ciudades como París, Miami o Nueva York.
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