Redacción
Toluca, Edomex; 3 de julio de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que 28 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en una red de «aviadores» que habría operado en diversas dependencias estatales desde 2021, mediante la asignación irregular de plazas docentes para desviar recursos públicos.
De los 33 investigados, 28 fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión y quedaron sujetos a prisión preventiva justificada. De ellos, 27 ya fueron vinculados a proceso, mientras que la situación jurídica de uno permanece pendiente. Además, cinco exfuncionarios promovieron juicios de amparo para evitar su captura, por lo que permanecen prófugos.
La mayor parte de los implicados se concentra en la Oficialía Mayor, con 14 servidores públicos, de los cuales nueve fueron detenidos y cuatro permanecen prófugos tras promover juicios de amparo, además de un exdirector general de Personal que también obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) concentra el segundo mayor número de involucrados, con 13 personas, entre ellas dos exfuncionarios —un exsubsecretario y un exdelegado administrativo—, así como 11 servidores públicos en funciones, principalmente capturistas y personal administrativo señalado de realizar altas irregulares de docentes en el sistema de nómina.
En la Secretaría de Seguridad aparecen cuatro investigados: tres exelementos que habrían intervenido en la operación del esquema desde 2021 y un exservidor público más que actualmente permanece prófugo al haber promovido un juicio de amparo contra la orden de aprehensión.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas tiene un exfuncionario investigado, identificado como el exsubsecretario de Administración, quien, de acuerdo con la Fiscalía, ocupó un cargo estratégico durante el periodo en que comenzó a operar el presunto esquema de desvío de recursos.
Asimismo, la investigación incluye a una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, quien anteriormente se desempeñó como secretaria particular en la Secretaría de Finanzas y actualmente ocupa un cargo administrativo en esa dependencia.
La investigación se originó tras denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar 459 altas irregulares de supuestos docentes que cobraban salarios sin desempeñar funciones en planteles educativos.
Las indagatorias establecen que el esquema involucró a exsubsecretarios, directores, delegados administrativos, jefes de departamento, capturistas y personal operativo de la Oficialía Mayor, la SECTI, las secretarías de Finanzas y Seguridad, quienes presuntamente aprovecharon sus cargos para incorporar «falsos docentes» al sistema de nómina estatal.
Según la Fiscalía, las plazas eran registradas con documentación incompleta o inexistente y asignadas a escuelas inactivas mediante el uso irregular del Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y la plataforma de nómina META4, con la participación coordinada de funcionarios de distintas áreas.
La mecánica consistía en reclutar familiares o personas de confianza para prestar su identidad, mientras terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios. Los beneficiarios recibían una cantidad mínima y el resto del dinero era distribuido entre los operadores de la red.
La carpeta de investigación refiere que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 el esquema habría generado un desvío superior a 96 millones de pesos, con depósitos aproximados de cuatro millones de pesos por quincena, además de prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
Como parte de las pesquisas, la Fiscalía documentó que algunos de los implicados también obtuvieron beneficios personales al asignarse plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias irregulares para conservar derechos laborales y de jubilación.
La investigación también recuperó antecedentes como la detención, en 2021, de un servidor público que portaba 164 tarjetas bancarias de empleados de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo, hecho que ahora es considerado un indicio de la operación del presunto esquema de desvío de recursos.
El expediente ministerial consta de 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, con entrevistas, peritajes, documentos, inspecciones y evidencia digital que sustentaron las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso dictadas por jueces del Poder Judicial mexiquense.
La Fiscalía precisó que los imputados enfrentan cargos por fraude y abuso de autoridad y advirtió que, debido a la naturaleza sistemática de las conductas investigadas, las penas podrían acumularse por cada alta irregular acreditada durante el proceso penal.
En el esquema delictivo también se encuentra relacionado un individuo identificado como José Daniel “N”, quien se desempeñaba como servidor público adscrito a la SECTI con funciones de Enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la OM, persona que fue hallada sin vida al interior de su domicilio el pasado 2 de abril y cuyas circunstancias de su muerte continúan en investigación bajo el protocolo de homicidio.
