Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex, 28 de junio del 2026.- Los abogados defensores de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexiquense acusados de operar una red criminal dedicada creación de plazas docentes de las que sacaban beneficio económico, solicitaron a la jueza que conoce de la causa penal, desistirse la declaración del testigo sobre el cual el Ministerio Público sostiene la imputación, pues argumentan que existen inconsistencias que la hacen inválida.
Además, argumentaron que como esta persona ya falleció, no existe la posibilidad de confrontarla para que ratifique los presuntos dichos que la Fiscalía mexiquense presume rindió ante Ministerio Público en marzo pasado.
Durante la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 1288/2026, iniciada por abuso de autoridad y fraude en agravio del gobierno del Estado de México contra diez funcionarios y exfuncionarios estatales, lo abogados intentaron desestimar las más de 48 elementos de prueba aportados por la Fiscalía mexiquense.
Una de las pruebas principales es la declaración que hizo en 23 y y el 25 de marzo el servidor público, Juan Daniel Popoca Estrada, quien reveló la forma en que operaba este conglomerado de funcionarios mexiquenses encargados de operar el sistema de nómina del gobierno del estado para dar de alta a personas como supuestos maestros en centros educativos inactivos o inexistentes.
La investigación que inició la Fiscalía estatal tiene su origenen la denuncia que presentó en febrero Guillermo Calderón Vega, entonces consejero jurídico de la Secretaría de Educación estatal.
Este funcionario denunció presuntos hechos delictivos luego de que se lo ordenara el secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández, quien fue avisado de que se estaban dando de alta maestros en turnos vespertinos y nocturnos de algunas secundarias, cuando estos están inactivos desde hace años.
Fue en febrero cuando el director general de secundarias estatales se percató de esta anomalía, por lo que avisó a sus superiores.
Con la denuncia la Fiscalía comenzó a indagar y a llamar a declarar a varios servidores públicos tanto de la Secretaría de Educación, pues a esa dependencia están asignadas las plazas de los falsos docentes, como a Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor del gobierno mexiquense, quien es la instancia de manejar la nómina y el sistema de altas y bajas de servidores públicos.
Juan Daniel Popoca trabajaba como capturista en la delegación administrativa del Subsistema de Educación Básica de la Secretaría de Educación, y fue entrevistado el 23 de marzo por el Ministerio Público.
Ahí, dijo que se acogería al criterio de oportunidad para no ser sancionado, sino cooperar como testigo protegido a cambio de develar toda la operación de este conglomerado criminal.
Juan Daniel Popoca reveló que tras varios meses de trabajo descubrió esta practica de dar de alta de personas para hacerlas pasar como maestros, a quienes se les asignaba un alto salario y luego a ellos se les pagaba en efectivo, pero sus quincenas eran depositadas en tarjetas bancarias que se quedaban los funcionarios que formaban este grupo ilegal.
Tras descubrir esta páctica, Juan Daniel Popoca fue abordado por Yuridia “N”, quien era la coordinadora de los delegados administrativos de la Oficialia Mayor, para invitarlo a formar parte de este esquema, y a cambio le prometieron grandes sumas de dinero para que pudiera “vivir bien”.
Este testigo dijo que la red existía desde 2021, cuando el director general de Personal era Oscar “N”, quien luego fue ascendido a subsecretario de Administración en la última etapa del gobierno de Alfredo Del Mazo.
Cuando Oscar “N” ascendió, se designó en en la Dirección General de Personal a Rodolfo N”, quien estuvo poco más de un año; luego llegó Jaime Noe “N”, y ambos continuaron con esta práctica, en complicidad con quienes manejaban el sistema de nómina del gobierno estatal, como Araceli “N”, y Yunuen “N”, quien además era la pareja sentimental de Oscar “N”.
Este testigo protegido incluso entregó al Ministerio Público una copia de su estado de cuenta bancario de diciembre del año pasado, donde se observan ingresos de más de un millòn de pesos, que le dieron por colaborar con este esquema ilegal.
Tras su declaración ante Ministerio Público, Juan Daniel Popoca Estrada, falleció sin que hasta el momento se conozca las causas de su muerte.
Los abogados señalaron que la declaración de esta persona ante el Ministerio Público es ilegal pues se realizó sin un abogado que lo asistiera, además de que en el expediente no se observa una firma clara donde esta persona suscriba lo que declaró.
En las próximas horas, la juez que conoce de la causa contra estos 10 funcionarios y ex funcionarios estatales determinará su situación jurídica para ver si los vincula a proceso penal por abuso de autoridad y fraude o bien los deja en libertad por falta de elementos.
