Redacción
Toluca, Edomex, 10 de junio de 2026. Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron una iniciativa que contempla penas de hasta 10 años de prisión para personas servidoras públicas que, por corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción, impidan o dificulten el acceso a la justicia en casos de delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Jennifer Nathalie González López, también establece sanciones económicas de entre 100 y 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de los cargos públicos para quienes incumplan con sus responsabilidades en la investigación y sanción de estos delitos.
Durante el análisis de la iniciativa, las comisiones legislativas aprobaron además que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) esté obligada a investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, aplicando de manera obligatoria la perspectiva de género y la debida diligencia.
La reforma busca fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada de manera anticipada, además de establecer mecanismos de responsabilidad para las y los funcionarios que alteren pruebas, obstaculicen investigaciones o actúen con negligencia.
“La iniciativa representa un paso firme para dotar a las instituciones de herramientas eficaces contra la violencia hacia las mujeres y asegurar que exista responsabilidad cuando se niegue el acceso a la verdad y la justicia”, sostuvo.
La propuesta retoma las modificaciones impulsadas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el municipio de Chimalhuacán el 29 de junio de 2010.
La iniciativa incorpora los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia emitida el 25 de marzo de 2015 sobre el caso Mariana Lima, considerada un precedente histórico para la justicia mexicana.
Dicha resolución ordenó reabrir una investigación que originalmente había sido cerrada bajo la hipótesis de suicidio y determinó que el caso debía analizarse con perspectiva de género, lo que permitió acreditar que se trató de un feminicidio. Por ello, la propuesta legislativa también ha sido denominada “Ley Mariana Lima Buendía”.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez destacó la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir la violencia feminicida. Señaló que de los 721 feminicidios registrados en México durante 2025, el Estado de México concentró el 35 por ciento de los casos ocurridos en municipios con Alerta de Violencia de Género.
La legisladora recordó que para 2026 la entidad destina más de 260 millones de pesos para acciones de prevención y combate a la violencia de género en los 11 municipios con declaratoria de alerta; sin embargo, advirtió que los recursos económicos deben complementarse con reformas legales que garanticen investigaciones efectivas.
