Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 1 de junio de 2026.- La muerte de Francisco Javier Serrano González no es solo un caso policial; es el epílogo de una red de relaciones de poder que acompañó la gestión de Myrna García Morón al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Su asesinato en septiembre de 2025, apenas semanas después de que García Morón dejara la presidencia del organismo, cierra un ciclo de contratos bajo sospecha de conflicto de interés; además de la conversión de una escena del crimen en oficina pública.
La trayectoria de Serrano González estuvo ligada a la de Myrna García Morón desde años atrás. En 2019, cuando ella presidía el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Serrano fungía como Coordinador de dicho órgano jurisdiccional.
Tras el salto de García Morón a la presidencia de la CODHEM, Serrano dejó la nómina pública para convertirse en su consultor externo predilecto, en un entramado que podría significar un conflicto de interés bajo el mando de la hoy magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. A través de su empresa, BITGOB Ideas de Poder, S.A. de C.V., el exfuncionario obtuvo una posición privilegiada como proveedor de servicios estratégicos, presentándose extraoficialmente como el secretario particular de la presidenta hasta el fin de su gestión en agosto de 2025.
La Herencia de BITGOB: Auditorías y Montos
Apenas cuatro meses antes del asesinato, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ya había puesto la lupa sobre esta relación. La auditoría ACF-158, ordenada el 21 de mayo de 2025, investiga el cumplimiento de los contratos otorgados a BITGOB en los ejercicios 2023 y 2024.
Durante el ejercicio 2023, se desempeñaron funciones de asesoría técnica y capacitación mensual para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Dichas actividades abarcaron áreas estratégicas como comunicación social, diseño gráfico, producción audiovisual, tecnologías de la información.
El compromiso se extendió del 1 de abril al 22 de diciembre del 2023, bajo un esquema de honorarios profesionales por un monto total de $580 mil 004.64 pesos; distribuidos en nueve exhibiciones mensuales de $64 mil 444.96 pesos.
El 8 de diciembre del año dos mil veintitrés formalizaron en su momento, el contrato de la Invitación Restringida número CODHEM/CAS/IR/06/2023, relativo a la prestación de servicios para la aplicación del cuestionario para la encuesta a hogares en 7 mil 170 viviendas del Estado de México, que celebraron por una parte «La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México», y por otra la empresa denominada Bitgob Ideas con Poder, S.A. de C.V. representada por su
administrados único el C. Francisco Javier Serrano González, por un importe total de más de un millón de pesos ($1,127,500.00 MXN).
El propósito era recabar datos e información de la ciudadanía con respecto a la percepción y disfrute de sus Derechos, evidenciando información estadística relevante sobre cómo se experimentan y disfrutan los derechos humanos en la población.
Durante el ejercicio fiscal 2024, se formalizaron dos instrumentos contractuales destinados a brindar servicios especializados de consultoría técnica y capacitación mensual a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODНЕМ).
El primer acuerdo comprendió una vigencia del 9 de enero al 30 de junio de 2024. Por la prestación de dichos servicios, se estableció una remuneración total neta de $386 mil 669.76 pesos, misma que fue liquidada en seis exhibiciones mensuales, cada una por un importe de $64 mil 444.96 pesos.
En continuidad a los proyectos iniciados, se suscribió un segundo contrato con vigencia del 3 de julio al 31 de diciembre de 2024. Este instrumento estipuló una remuneración neta total de $386 mil 669.76 pesos, programada para cubrirse mediante seis pagos mensuales de $64,444.96 pesos.
Estas intervenciones se centraron en disciplinas clave como la comunicación social, el diseño gráfico, la producción audiovisual, las tecnologías de la información, así como en la investigación y optimización de procesos organizacionales.
Durante el ejercicio fiscal 2025, gestionó dos contratos de servicios profesionales
destinados a brindar servicios especializados de consultoría técnica y capacitación mensual a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
El primer acuerdo comprendió una vigencia del 9 de enero al 30 de junio de 2025. Por la prestación de dichos servicios, se estableció una remuneración total neta de $386 mil 669.76 pesos, misma que fue liquidada en seis exhibiciones mensuales, cada una por un importe de $64 mil 444.96 pesos.
Dando continuidad a los proyectos iniciados, se suscribió un segundo contrato con vigencia del 4 de julio al 31 de agosto de 2025. Este instrumento estipuló una remuneración neta total de $128 mil 889.92 pesos, programada para cubrirse mediante 2 pagos mensuales de $64 mil 444.96 pesos.
Dichas labores se enfocaron en robustecer áreas de comunicación social, diseño, producción de video, sistemas de información y la mejora de procesos internos.
El Escenario: El búnker que se convirtió en Visitaduría
El lugar donde Serrano fue hallado sin vida con huellas de violencia el 19 de septiembre de 2025 es la clave de un inusual movimiento inmobiliario. La casa en la calle Carmen Serdán No. 408, colonia Residencial Colón, operaba en ese momento estrictamente como las oficinas centrales de la consultora BitGob.
Sin embargo, tras el asesinato del consultor y con la nueva administración de la CODHEM en marcha, a cargo de su presidente Víctor Leopoldo Delgado Pérez, el organismo decidió convertir ese mismo inmueble en su propia sede oficial.
El inmueble pertenece a María Elena Barrera Tapia (exalcaldesa de Toluca), aunque el contrato fue signado por su hija, María Elena López Barrera, como representante legal.
La CODHEM paga actualmente $40 mil 162.50 pesos mensuales por este espacio de 340 m².
El área donde fue localizado el cuerpo de la víctima —un estudio independiente dentro de la propiedad— forma parte de las instalaciones que hoy fungen como la Visitaduría General Sede Toluca.
El asesinato de Serrano González ocurrió en un vacío de poder: un mes después de que su protectora política dejara el cargo y mientras el OSFEM avanzaba en la revisión de sus cuentas.
La relación profesional entre Serrano y la actual titular de la CODHEM, Myrna García Morón, se remonta al menos a 2019. Documentos de un convenio de colaboración institucional de ese año muestran que, mientras García Morón presidía el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Francisco Javier Serrano fungía como Coordinador dentro de dicho órgano.
Esta cercanía se mantuvo tras la transición de García Morón a la CODHEM, donde Serrano se presentaba públicamente como su secretario particular, aunque formalmente operaba como proveedor externo a través de su empresa BITGOB Ideas de Poder, S.A. de C.V.
La transición del inmueble —de ser el despacho privado de un contratista asesinado a convertirse en una oficina pública pagada por el organismo que lo contrataba— añade una capa sobre el uso de recursos, la adjudicación de contratos públicos y la selección de sedes oficiales.
El contrato de arrendamiento deriva de un procedimiento de adjudicación directa bajo el número CODHEM/CAAIE/PAD/01/2026, como parte de la primera sesión ordinaria del comité de arrendamientos y adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de la Codhem, mediante el acuerdo CAAIE-09-1O-2026, dictado el pasado 27 de enero del año en curso.
En dicha sesión se emitió el fallo referente al arrendamiento del inmueble a favor de María Elena López Barrera -hija de la exalcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia-, comprendido del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, por la cantidad mensual de 40 mil 162 pesos con 50 centavos.
El resultado de los doce pagos mensuales corresponde a $487 mil 200 pesos, con IVA incluido y retención del ISR aplicado.
Por ahora, a más de nueve meses de su asesinato, tampoco hay muchas pistas sobre las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acerca del móvil del asesinato de un consultor en materia de comunicación política, que lo mismo hacía negocios con gobiernos estatales como en Puebla, que con órganos autónomos y partidos políticos.
