Francisco Ledesma / La reforma electoral que nos deben
La reforma electoral quedó a deber frente a las altas expectativas. Pretende tímidamente derribar a las cúpulas de los partidos políticos, a través de la elección directa de las posiciones plurinominales, pero les deja a salvo otros privilegios que hoy, deberían ser materia de debate sobre la prevalencia de las élites políticas y las burocracias partidistas que laceran la democracia.
¿A quién afecta que las plurinominales ya no sean por lista? A los dirigentes partidistas que le apuestan a la segura, sin hacer campaña y sin importar los resultados electorales de su partido, porque la asignación de diputaciones por mínima que fuera, terminaba por mantenerlos como diputados federales o locales. Hoy, ya no tendrán garantizada esa condición ventajosa en la elección.
Sin embargo, no es el principio del fin. El régimen morenista ya dejó la enseñanza de los “acordeones” en la elección judicial, y estos podrían ser una mala práctica replicada por los partidos, para impulsar a los plurinominales de su preferencia; esos que se resisten a quedar fuera del presupuesto público.
¿Dónde queda a deber la reforma? En la posible disminución de las legislaturas federal y estatal, porque considera que el número de diputados alcanza para que todos estén satisfechos: el partido en el gobierno, sus aliados electorales y hasta el bloque opositor, para que todos tengan posiciones que repartirse.
Ahora bien, si la reforma electoral quisiera -en los hechos- combatir a las cúpulas partidistas, porque no incidir en la vida interna de los partidos políticos, donde hay dirigentes de los que se tiene conocimiento cuándo llegaron, pero cuyos encargos no tienen fecha de caducidad. Ahí están los casos del PT y del PVEM, y en esa misma ruta ya también camina el PRI, con su posible reelección eterna.
Es cierto, la autodeterminación de los partidos políticos es inviolable. Sin embargo, resulta una desventaja para la militancia, tener que enfrentarse a una burocracia que se impone por tiempos indefinidos en la toma de decisiones.
Si la reforma electoral pretendiera apostar por una democracia representativa, por qué a nivel municipal, el alcalde o alcaldesa ganadora tiene de facto una mayoría al interior de su cabildo. Es decir, deseable sería que la integración de los cabildos obedeciera a los porcentajes de la votación municipal; y así evitar que el presidente municipal tenga un cheque en blanco en su trienio.
Si la reforma electoral se opone a privilegiar las élites políticas, que los regidores también se elijan de manera directa, y no como parte de una lista, donde resulta atractivo ocupar las primeras posiciones de la planilla (primera o segunda regiduría) cuando se reconoce que no hay condiciones para ganar la elección.
La reforma electoral reivindica el sistema presidencial, para que el Poder Ejecutivo siga teniendo un mayor peso político en el ejercicio del poder público, por encima de cualquier división de poderes, tenga o no frenos y contrapesos.
Y en esa ecuación, ese presidencialismo se replica en el poder depositado en gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas; además de dirigentes partidistas, que se asumen un poder unipersonal para designar a sus gabinetes, ejercer discrecionalmente el presupuesto público y repartir candidaturas.
Vendrán debates, discusiones y réplicas. Es muy probable que el partido en el gobierno junto a sus aliados electorales alcance la votación suficiente para hacer posible su reforma electoral; pero el sistema de élites políticas queda a salvo en la toma de decisiones de sus partidos. Eso hasta ahora parece intocable.
Ahí todos estarán de acuerdo en que no sólo no se toque, sino que ni siquiera se hable, en la discusión pública de la insuficiente reforma electoral.
La tenebra
Mientras la reforma electoral la discutan y la redacten las élites políticas, todo cambiará para seguir igual.
