Francisco Ledesma / La transparencia que nadie va a extrañar
La transparencia no es una política pública que se considere inherente a los gobiernos en el país. Todos, sin excepción de partidos políticos, hacen del ejercicio del poder -y mayormente de los recursos públicos- un uso discrecional y opaco. Sin embargo, debe considerarse que el acceso a la información pública debe ser asumida, también, como una rendición de cuentas necesaria.
El acceso a la información pública es un asunto relativamente moderno para las instituciones públicas del país. De ahí que, hayan surgido entes reguladores como el Inai y el Infoem, que sobra decirlo, trataban de enmendar la plana cuando los gobiernos pretendían ocultar datos, acciones, documentos; aunque tampoco eran la panacea a los males de opacidad del poder público.
Sí, es cierto, el Infoem se convirtió en una agencia de colocación de empleos para las élites políticas, que en el ejercicio de sus atribuciones, realizaba muy poco para obligar a los gobiernos a ser más transparentes; y comunicaba mucho peor. No era el mejor referente de transparencia desde su nicho propio.
El año pasado, siguiendo la ruta política y la narrativa electorera del gobierno federal, en la Legislatura del Estado de México se determinó la desaparición del Infoem, bajo el argumento de generar ahorros en el presupuesto público.
Es cierto, esas instituciones resultan muy costosas, pero parecen necesarias. Porque ahora, la toma de decisiones sobre la publicidad de la información en manos de los gobiernos quedará en la discrecionalidad de la misma autoridad.
Si anteriormente, la clase gobernante actuaba con opacidad teniendo un ente regulador que le obligaba a cumplir la normativa; ahora siendo ellos mismos -a través de las contralorías- quienes ejerzan la facultad de acceso a la información pública, podrán negarla sin el riesgo de consecuencias institucionales.
El acceso a la información pública, ya sea del gobierno estatal, órganos autónomos y municipios, siempre ha estado sujeto a la voluntad política, porque la autoridad también ha encontrado los obstáculos y las restricciones de los datos personales y de la seguridad del estado, para ocultar o negar la información.
La transparencia era una rendija que apostaba al combate a la corrupción, o bien, a inhibir esos excesos, abusos y suntuosos gastos que ejercen con dinero público. Hoy, esa ventanita parece estar a capricho de quien gasta, para abrirla o cerrarla por completo. La buena voluntad de quien resguarda la información pública no es una buena señal cuando se busca la máxima publicidad.
La defunción del Infoem está determinada para el mes de junio. Los meses por delante vendrá una discusión sobre leyes secundarias que permitan garantizar el acceso a la información pública.
Escucharemos al oficialismo decir que se debe confiar en las instituciones y las autoridades para el cumplimiento de la norma. Y muy seguramente, se puede anticipar al bloque opositor, acusar de que este es un paso más hacia adelante para lastimar y dinamitar la democracia institucional.
Lo cierto es que, cuando esos mismos partidos que hoy acusan, ejercieron el poder, hicieron todo lo posible por ocultar aquello que no les resultaba conveniente políticamente, o les contraía un costo electoral muy alto.
No hay que dejarse engañar, la clase gobernante no le apuesta a la transparencia, y si quieren dar el ejemplo, podrían comenzar por transparentar el gasto del financiamiento público de sus partidos políticos.
Sin embargo, para nadie que ejerza el poder político, la transparencia resulta una buena política pública, porque les resta ese privilegio de gastar con discrecionalidad y asumir que el presupuesto es una canonjía personal.
La tenebra
Para muestra de que, nadie, y prácticamente nadie, extrañará al Infoem; difícilmente se puede mencionar una acción relevante en la apertura del acceso a la información pública durante los últimos meses. La omisión y los silencios también resultaron muy costosos porque conllevaron a su desaparición.
