GPMC logra la aprobación de ley de fomento a la lectura y el libro en Edomex

Redacción

Toluca, Edomex; 27 de diciembre de 2025.- Durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura mexiquense (del 5 de septiembre al 18 de diciembre del 2025), el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) logró la aprobación de una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de México.

Además, promovió iniciativas para mejorar la seguridad pública, reforzar la protección a sectores históricamente vulnerados, ampliar derechos sociales, facilitar la movilidad, fomentar la transparencia y resguardar el patrimonio cultural.

Respecto a la ley referida, cuyo dictamen conjuntó una iniciativa de morena, impulsa la lectura en zonas rurales y poblaciones vulnerables, fomenta la creación de publicaciones accesibles, contribuye a erradicar el analfabetismo y respalda a escritoras y escritores mexiquenses.

En materia penal, el GPMC, coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, propuso imponer hasta 60 años de prisión y multas de 8 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a 905 mil 120 pesos, a quien reclute de forma forzada a niñas, niños o adolescentes para integrarlos a pandillas; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas; o utilizarlos para labores vinculadas con actividades ilícitas.

Para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, planteó sancionar hasta con siete años y seis meses de prisión las amenazas que impliquen la comisión de un delito grave, cuando se realicen de manera anónima, mediante escritos, redes sociales, medios digitales, sistemas de difusión, con armas, por dos o más personas, o cuando provengan de servidoras o servidores públicos.

Asimismo, propuso crear la Procuraduría de Protección y Atención a Adultos Mayores, con servicios jurídicos, psicosociales, médicos y gerontológicos para atender casos de violencia y garantizar apoyo inmediato.

Para fortalecer los derechos de comunidades y pueblos originarios, la bancada formuló reformas para reconocer en la Constitución local a la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial como parte de su estructura formal.

En favor de las juventudes, puso a consideración del Congreso mexiquense que el servicio social sea reconocido como horas laborales y cuente como experiencia profesional; además, que tengan derecho a una vivienda digna, tarifas preferenciales de transporte y conectividad gratuita a internet, así como una participación mínima del 5 por ciento en empresas y gobiernos estatal y municipales.