Alguien sabe qué ocurrió con los famosos Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social. Las células de participación social ideadas durante el sexenio peñista parecen ser claves para la elección del año en curso. Desde los denominados COINCIDES por sus siglas, se pretende aterrizar la gama de programas sociales que funcionan para coaccionar el voto. Bajo el mismo nombre, o con modificaciones en la forma, el fondo seguirá siendo el mismo, el dominio de las conciencias, y el lucro de la pobreza. Las elecciones cada vez más cerca obligan a la ejecución de los programas asistencialistas que buscan mitigar la marginación a base de despensas.
Para muestra un botón. La poca o nula confianza que mantiene el gobernador Eruviel Ávila en la secretaria de Desarrollo Social Elizabeth Vilchis. Los programas de regionalización hoy son vigilados y ejecutados desde la subsecretaría de Desarrollo Municipal, que encabeza el montielista Benjamín Fournier. En la estructura Fournier depende de la secretaría general de gobierno, que se ha convertido en el brazo articulador para cumplir compromisos de campaña, ejercer el presupuesto de los programas sociales y evaluar las tareas de gobierno y de partido que están puestas en marcha de cara a los comicios de este año.
Otra pieza clave en ese entramado es Isidro Muñoz Rivera -muy cercano a César Camacho- es la coordinación real para que los programas sociales se ejecuten en tiempo, forma y circunstancia. La evaluación que hace Muñoz Rivera es ajena a los afectos del gobernador, y desde esa posición se permite sopesar quien trabaja, y quien no lo hace. En síntesis Muñoz Rivera y Fournier Espinoza están convertidos en los operadores políticos más importantes a nivel estructura, y no habría que perderlos de vista para la próxima elección local.
———–
La credibilidad del Instituto Electoral del Estado de México sigue en los niveles más bajos a nivel institucional en la entidad. Las reglas del juego parecen inequitativas para la oposición. Los consejeros electorales con sus decisiones en los comicios locales de 2009 y 2011 demostraron ser un anexo de la estructura del Poder Ejecutivo. A menos de cuatro meses de la elección se percibe un proceso electoral desigual dominado por el dinero público, la intervención de los gobiernos y una amplia estructura partidista que favorece predominantemente al PRI y sus aliados.
Los consejeros electorales no discuten, simplemente aprueban. Administran y organizan las elecciones a partir de la inercia. Obligados por las circunstancias sólo capacitan ciudadanos, imprimen boletas y en su momento contarán los votos. Alejados están de investigar delitos electorales, omisos de aplicar la ley en la materia y negligentes en el momento de sancionar a partidos y candidatos. Los consejeros electorales, son en lo general, obedientes con las reglas del sistema. Gracias a esas reglas han ocupado posiciones de privilegio en otros momentos, y en otras circunstancias, pero siempre plegados al sistema y sin alterarlo.
Juan Carlos Villarreal trabajó en su momento como un operador electoral de Luis Miranda Nava, el entonces secretario general de gobierno de Enrique Peña. Ni qué decir de José Martínez Vilchis, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el sexenio de Montiel. Y la historia y trayectoria de cada uno de ellos que los persigue. Combaten contra su sombra, y frente al pasado inmediato no existen elementos para confiar en unas elecciones transparentes, equitativas y competidas. La ciudadanización de los órganos electorales ha fracasado de forma rotunda. Los partidos políticos así lo quisieron, y así lo votaron. No hay cuestionamientos.
