El Poder Judicial del Estado de México vive en una burbuja con la incapacidad de observancia de la nueva realidad política y social que experimenta el país. No sólo se trata de reflexionar sobre un proceso de alternancia partidista, inédito para la entidad mexiquense hasta antes del 2023, sino de asumir que hay una mayor exposición para todos quienes ejercen un cargo público.

A pesar de los esfuerzos -incluso de los gobiernos panistas- por construir un marco institucional de transparencia, los jueces y magistrados que hoy asumen con resistencia las reformas al Poder Judicial, siempre se apegaron a la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, y asumieron que la comunicación social era una oficina de relaciones públicas con la prensa amiga, antes que un área estratégica para abrir su toma de decisiones al espectro mediático.

Desde la presidencia del Poder Judicial -durante los últimos años- defiende los frenos y contrapesos de los poderes, pero reniegan de la posibilidad de ser parte del escrutinio público que exigen otros órganos autónomos, asociaciones de la sociedad civil y la base del periodismo crítico y agudo, por encima de quienes están para aplaudir sus informes de resultados entre una élite de abogados.

Para sumar más rasgos en negativo, tampoco ha sabido adaptarse a las nuevas realidades de la comunicación digital. Durante los últimos meses que se ha vivenciado un inusitado debate sobre el desempeño de jueces y magistrados, las redes sociales del Poder Judicial han renunciado a la posibilidad de sumarse al diálogo digital, y ha optado por ser una galería fotográfica de la egoteca de quien ayer rindió su quinto y último informe de resultados al frente de la institución.

En la élite del poder apuestan a dos aspectos: romantizar el papel del Poder Judicial desde su zona de confort sin poner en la balanza el común denominador de quienes tienen que padecer los tiempos aletargados de los procesos jurisdiccionales; aunado a la desmemoria de aquellos casos que han demostrado que el ejercicio de la justicia es altamente cuestionable en el país y el estado.

Pensar que la elección de jueces y magistrados pone en riesgo nuestro marco institucional, es cegarse en que tenemos el sistema de justicia de Dinamarca, cuando también se ha demostrado que muchas decisiones jurisdiccionales -a lo largo de la historia reciente- han estado en concordancia con quienes ejercen el poder público. Un caso emblemático: la condena de más de cien años de prisión que habían sentenciado a ejidatarios de Atenco hace apenas 15 años.

No todos los jueces y magistrados son parte del problema, pero en el fondo de la discusión hasta el momento tampoco se ha mostrado apertura para que sean parte de la solución. No es regalando ositos de peluche como se puede sensibilizar la justicia a la sociedad, porque también es necesario reconocer la carrera judicial y otra meritocracia que es indispensable para el Poder Judicial, pero que no se logra instalar en la discusión pública con una intensa spotización durante la semana en que el Poder Judicial tiene su informe de labores.

La reforma judicial no puede asumirse como la panacea que vendrá a solucionar los problemas de la administración de justicia en el país y el Estado de México por mera voluntad de un puñado de nuevos jueces y magistrados, pero sí es muestra inequívoca de que la élite judicial ha sido incapaz de procesar la evolución política y social de los últimos treinta años.

La burbuja se ha reventado, y aunque se advierte como un salto al vacío, será necesario construir un Poder Judicial más transparente, más abierto, más dialogante y menos intransigente e intolerante al escrutinio público.

La tenebra

En el PRI, la sede del contrasentido, piden más presupuesto para todo, pero ahora quieren eliminar impuestos y reducir recaudación.