Toluca, Edomex; 3 de septiembre
de 2024.- Ayer lunes, Victorino Barrios rindió su cuarto y último informe como
titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAMex). Su periodo de gestión dicho por él mismo, concluye el 10 de septiembre,
cuando se cumplan cuatro años de que rindió protesta al cargo ante el Congreso
local. Resulta prácticamente imposible que en apenas siete días sea ratificado
en su encargo, por lo que para efectos legales quedará fuera de la permanencia
laboral universitaria por algunas semanas hasta en tanto se emite la
convocatoria respectiva, y por tanto podría decirse que está eliminado de la
competencia interna que más le ocupa: la sucesión de la rectoría universitaria.
La nueva Legislatura local
entrará en funciones el jueves 5 de septiembre. Entre sus prioridades está la recepción
del primer informe de gobierno de la mandataria Delfina Gómez en el mes de
septiembre. Y elegir al titular del Órgano Interno de Control podría ser una
premisa, pero para que su designación sea por los próximos cuatro años, y no
definir un nombramiento por apenas nueve meses, por la aspiración personal de
Victorino Barrios de convertirse en rector, y obligar a un nuevo proceso de
selección en mayo de 2025. Otro factor que no juega a su favor es que la fuerza
política de Higinio Martínez está disminuida en la bancada morenista, muy a
pesar de la mayoría legislativa que mantiene.
Y aunque Victorino
Barrios, pidió más recursos financieros para ejercer su tarea contralora, la
respuesta fue contundente: la función sustantiva de la Universidad no está en
auditar, sino en aumentar su matrícula estudiantil. Y si tan buena relación
lleva con los diputados morenistas, que ahí pueda solicitar el presupuesto que
sea necesario. Los afectos de la sucesión en la dirección universitaria no están
en el Órgano Interno de Control.
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Suman cinco directores
de seguridad pública municipal vinculados con el crimen organizado que ya enfrentan
procesos penales. En algunos casos, resulta inverosímil que hayan actuado sin
el conocimiento o incluso la autorización de sus jefes políticos, es decir, los
alcaldes de esos municipios. La descomposición de las policías preventivas es un
problema que se arrastra desde hace décadas, y que los exámenes de control y
confianza no han resuelto en lo absoluto. Es preocupante, cómo los mandos de
seguridad son impuestos y controlados por agrupaciones criminales. Las policías
trabajan para quienes deberían combatir.
Las células delincuenciales
han incidido desde hace mucho tiempo en los procesos electorales. Han impulsado
y financiado campañas electorales. Han dominado plazas (municipios) en donde
controlan la siembra, el trasiego y la venta de drogas, y el Estado de México
no es la excepción. El duro golpe de encarcelar a directores de policías
municipales es apenas el hilo conductor que podría llevar a descifrar una complicidad
mayúscula entre poderes fácticos y los poderes formales. ¿Cuántos alcaldes ganaron
el pasado 2 de junio en circunstancias vinculadas a los grupos criminales? Basta
con recordar los candidatos que renunciaron a la competencia electoral, o
muchos otros que fueron amedrentados en la campaña proselitista. Aquí ni
siquiera importan partidos políticos.
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