Ricardo Moreno**

Mientras el PRI, PAN y PRD buscan levantar el tiradero que significó su coalición en la pasada elección, sus aliados de la “sociedad civil” y varios medios de comunicación no paran y se han quedado solos en el propósito de dinamitar al próximo gobierno. 

Aterrados por el significado de la mayoría calificada que ha obtenido legítimamente Morena en el Congreso de la Unión, estos sectores, movidos por Claudio X. González y un pequeño pero adinerado grupo de ultraderechistas, tratan de arrebatar mediante falsas interpretaciones legales la idea de que existe una sobrerrepresentación ilegítima e ilegal de Morena en la Cámara de Diputados.

Han desatado una intensa pero infructuosa campaña mediática y acciones de supuestos jurisconsultos para que los tribunales revoquen esta supuesta sobrerrepresentación legislativa.

Este loco afán no prosperará, pues, como todo mundo sabe, partidos políticos incluidos, el sistema de asignación está ampliamente validado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en su momento también, por la Suprema Corte de Justicia en diversas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra del Código Nacional de Instituciones y Procedimientos Electorales. El argumento central es que la coalición está sobrerrepresentada.

Sin embargo, se les olvida a los neófitos cancerberos de la derecha que a las coaliciones no se les asignan legisladores, sino a los partidos en lo individual. En ese entendido, ninguno de los partidos que integran la coalición encabezada por Morena tendrá una sobrerrepresentación mayor a la que establecen los parámetros constitucionales.

Intentar distorsionar esa situación es el objetivo fundamental de la derecha para deslegitimar las futuras decisiones de los órganos legislativos del estado mexicano. Su ruta estará trazada en ese sentido para toda la Legislatura por venir e, incluso, amenazarán con buscar la protección de la justicia internacional para reforzar su iracundo argumento.

En México, el argumento no es novedoso. Desde mediados de la primera década del presente siglo, este fenómeno ya se presentó, estudió y resolvió por los tribunales electorales federales, y la conclusión ha sido clara. La asignación de legisladores no puede darse a las coaliciones, pues estas no tienen el derecho de asignación de la representación popular; ese derecho pertenece precisamente a los partidos políticos que las integran de acuerdo a los votos obtenidos y conforme a la distribución establecida en los convenios respectivos.

Esto lo saben perfectamente los partidos integrantes de la Coalición “Va por México”, y por ello no se han enfrascado, al menos por el momento, en esa campaña emprendida por ese sector de la derecha que ha quedado aislado y sin el respaldo de quienes deberían ser los beneficiarios de una asignación distinta tanto de diputados como de senadores.

Saben que esa es, como lo advertimos en este espacio, una batalla pérdida. Una batalla más que Don Claudio X. González y su camarilla han decidido emprender y que, de nueva cuenta, como se ha hecho costumbre, perderán.