Redacción
En la víspera de concluir su mandato como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto encabeza las preferencias de la contienda presidencial del PRI; al tiempo que su partido ha tenido una recuperación consistente de los resultados electorales desde 2009. Bajo ese escenario, el mandatario estatal rendirá este lunes el sexto y último informe de gobierno, aunque se tratará sólo de un discurso político, ya que a la legislatura estatal remitirá el mismo por escrito y evitar con ello interpelaciones.
En el balance final, la estrategia mediática de Peña Nieto es abonar a una «nueva manera de gobernar», a partir de la firma de 608 compromisos – que consisten en obras públicas y acciones de gobierno -, que se han ido cumpliendo a lo largo de su administración. Aunque en el fondo, el posicionamiento electoral del mandatario estatal es resultado de su gran exposición en medios electrónicos -por acuerdos comerciales- y desde 2008 por su relación sentimental con la actriz Angélica Rivera.
Como recuento de su gobierno, la gestión de Peña Nieto ha estado vinculada al escándalo, la frivolidad y los abusos de poder. Apenas cumplía un mes de su gobierno, cuando en la oficina del mandatario mexiquense entre en una crisis institucional. En el entramado presidencial de 2006, se destapó la presunción de enriquecimiento ilícito de su antecesor Arturo Montiel Rojas. Lo más grave, frente a la posibilidad de desvío de recursos públicos, la línea de investigación apuntaba al ex secretario de administración del montielismo: Enrique Peña.
La estrategia inmediata del peñismo fue desmarcarse de Arturo Montiel, quien ha sufrido de un exilio político obligado a lo largo del sexenio. El resultado final de las indagatorias administrativas y penales fueron altamente cuestionadas -junto con la evidencia del crecimiento exponencial en la riqueza patrimonial de el ex gobernador Arturo Montiel, de sus hijos Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez y de sus dos esposas hasta entonces, Paula Yáñez y Maude Versini-, pero que concluyeron con la exoneración definitiva del ex mandatario.
Todavía con la resaca del montielgate, Peña Nieto enfrentaba un adverso escenario electoral en los primeros meses de 2006. La candidatura priísta había recaído en Roberto Madrazo -sobre quien recaían acusaciones de haber sido el responsable de la debacle de Montiel-. Era mayo de ese año, cuando una manifestación de ejidatarios de San Salvador Atenco, derivo en una reyerta entre policías federales y estatales con pobladores de Atenco, con saldos negativos para la administración peñista, que mostró el rostro del abuso del poder, vejaciones sexuales, allanamientos de vivienda, violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y la impunidad institucional.
Hasta la fecha, dos asesinatos permanecen en el olvido y sin justicia. El menor Javier Cortés, que pasaba por la zona, y fue víctima de un balazo de arma de fuego, presuntamente de un policía de la entonces recién creada Agencia de Seguridad Estatal. El joven Alexis Benhumea, murió a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno de la propia Policía Estatal. Los detenidos fueron obteniendo su libertad, por la falta de pruebas y fabricación de acusaciones que había edificado el gobierno estatal. Apenas en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la liberación de los líderes de Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo.
El resultado electoral de 2006 fue desastroso para el priísmo que sólo alcanzó siete diputaciones federales -incluidas las plurinominales- y por primera vez en su historia, el PRI mexiquense se quedó sin representación en el Senado de la República. En los comicios locales se escribió una historia similar, donde por segunda vez perdieron Ecatepec, y el entonces alcalde Eruviel Ávila entregaba el poder al perredista José Luis Gutiérrez Cureño.
Para 2007, las cosas en lo personal no iniciaron favorablemente para Peña Nieto. El 11 de Enero de ese año, el mandatario mexiquense sufrió la muerte repentina de su esposa Mónica Prettelini. Para entonces, su conocimiento público había crecido sostenidamente, incluidas la revistas del socialité, donde a los pocos meses se le denominó el «viudo de oro».
Sin embargo, desde la oposición se advertía que su crecimiento en la imagen pública tenía una pretensión por una carrera presidencial adelantada con la mira puesta en los comicios de 2012. A la par, se puso en evidencia desde entonces un incremento en la incidencia de homicidios contra mujeres, que desde entonces y hasta el 2010, suma una cifra superior a los 900 crímenes en contra de féminas. Mientras que el 70 por ciento de esas muertes prevalece impune. La insistencia en el tema ha llevado a últimas fechas a tipificar el delito de feminicidio, y a la creación de una subprocuraduría especializada para esos crímenes.
Frente al alto posicionamiento electoral que ya tenía para entonces Peña Nieto, se modificó la Ley Electoral para evitar la promoción personal de los gobernantes con recursos públicos, bajo la argucia de promocionar actividades de su gestión. La reforma legal impulsada desde el Senado de la República, donde sobresale el liderazgo de Manlio Fabio Beltrones, tenía dedicatoria especial para frenar el activismo de Peña Nieto.
En 2008, en la búsqueda de alternativas de comunicación política, que permitiera el posicionamiento electoral de los gobernantes, la administración mexiquense ideó que fuera una figura pública quien difundiera los logros de Peña Nieto. La estrategia optó por la actriz Angélica Rivera -quien en la víspera había protagonizado un melodrama donde recibía el mote de «gaviota»-. La relación inicialmente laboral entre Enrique Peña y Angélica Rivera traspasó los límites personales, y en noviembre de ese año, el mandatario estatal confesó en televisión abierta su noviazgo con la actriz divorciada del productor Alberto Castro, con quien había procreado tres hijas.
En diciembre de 2009, Peña Nieto visitó El Vaticano, y en breve diálogo con el Papa Benedicto XVI, le confesó de su próximo enlace nupcial con «La Gaviota», lo cual ocurriría en noviembre de 2010. No obstante, el matrimonio entre ambos a permitido a Peña Nieto insertarse en la difusión de su imagen ante un público que no está atento a la política, pero donde el mundo de la farándula lo ve como un serio aspirante presidencial, de quien se destacan sus atributos físicos, pero poco se conocen sus logros como gobernante o ideales como político.
Retomando el 2008, la cruenta violencia tomó al Estado de México por sorpresa. En septiembre de ese año, en La Marquesa fueron encontrados 24 cadáveres, producto de una múltiple ejecución por parte del crimen organizado. El macabro hallazgo puso de manifiesto que la plaza del Estado de México era un sitio de refugio para los grandes capos del narcotráfico, se ha experimentado un inusitado lugar para la venta de drogas en el Valle de México y el cultivo de Marihuana en la región sur de la entidad.
En el Estado de México, durante el sexenio peñista se han detenido a José Gerardo Álvarez Vázquez «El Indio»; Edgar Valdéz Villarreal «La Barbie» y José Jorge Balderas Garza «El JJ». Y más recientemente se ha presumido la desarticulación de la «Mano con Ojos»‘ que lideraba Óscar Osvaldo García Montoya. Durante el sexenio peñista han ocurrido un par de ejecuciones en contra de dos alcaldes: Salvador Vergara Cruz de Ixtapan de la Sal en octubre de 2008, y José Eduviges Nava Altamirano de Zacualpan en este 2011.
En general, los crímenes relacionados con el narcotráfico son un lugar común en la entidad; la colusión por parte de policías ministeriales, elementos de la ASE y agentes municipales es inocultables, muestra de ello es la sospechosa muerte de Cuitláhuac Ortiz Lugo ex director operativo de la Policía Ministerial en un accidente carretero, o el asesinato de Eduardo Manzur Ocaña -secretario técnico de seguridad de Coacalco- acribillado por más de una centena de impactos de bala que se alojaron en su cuerpo. El homicidio de Eduardo Manzur -hermano del ex delegado de PGR en Edomex, José Manzur Ocaña, y medio hermano de José Manzur Quiroga, actual diputado local- ocurrió en diciembre de 2008 en Coacalco durante el mandato de David Sánchez Isidoro.
Hacia 2009, al incremento delictivo se sumó una doble crisis, la económica y la sanitaria -a consecuencia de la influenza-. Pese a las recomendaciones sanitarias para que no se usara corbata, el gobernador Enrique Peña Nieto siguió vistiendo con ella, lo que le trajo severas críticas por parte de la opinión pública. Por si ello fuera poco, en plena contingencia, el Estado de México tenía vacante la secretaría de Salud, ya que su titular, María Elena Barrera Tapia había renunciado en la víspera para buscar la alcaldía de la capital mexiquense en las elecciones de ese año, la cual hasta entonces estaba en poder del panismo.
Los comicios locales fueron de ensueño para Enrique Peña, al conseguir el triunfo priísta en 97 de las 125 alcaldías en disputa; alcanzó 39 de las 45 diputaciones locales, con lo que obtuvo una mayoría absoluta de facto al interior de la Legislatura Estatal; además de 38 de las 40 curules federales, que sumadas a las posiciones plurinominales sumó 45 diputados priísas provenientes del Estado de México, y robusteció la posición política de Peña Nieto a nivel nacional, con un control fáctico sobre el Grupo Parlamentario del PRI.
Tras los comicios locales de 2009, Peña Nieto abrió el juego sucesorio de la gubernatura, que en la etapa final se decantó en cinco personas: Ricardo Aguilar Castillo, se acreditó el éxito electoral como el dirigente priísta más triunfador de los últimos 15 años; Ernesto Nemer se convirtió en diputado local y coordinador de la fracción priísta; Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan; Luis Videgaray Caso, diputado plurinominal y presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y Eruviel Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec y dirigente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM).
Luego de la debacle electoral de 2009, tanto PAN como PRD idearon la construcción de alianzas electorales entre ambos partidos antagónicos para frenar el avance del PRI que parece irreversible su retorno a Los Pinos. Esa amenaza latente encendió focos de alerta para Enrique Peña de cara a la renovación de la gubernatura estatal en 2011.
En plena negociación presupuestal, Enrique Peña ofreció la aprobación de incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado de un 15 al 16 por ciento, a cambio de que el PAN se comprometiera a no efectuar alianzas con el PRD para los comicios de 2011. En el ocaso de 2009 se llevó a cabo la firma del pacto antialianzas, el cual fue signado por Beatriz Paredes Rangel, entonces dirigente del PRI y César Nava Vázquez, en ese momento presidente del PAN. Como testigos del acuerdo aparecieron como firmantes Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación y Luis Miranda Nava, secretario general de gobierno mexiquense.
El pacto -firmado en secreto y al margen del conocimiento de los diputados que avalaron el incremento del IVA- fue revelado por César Nava en 2010. Peña Nieto negó el condicionamiento del pacto a cambio de la aprobación en el incremento de impuestos; al tiempo que emplazó a los panistas a que cumplieran el acuerdo para no formalizar alianzas con el PRD en los comicios de 2011. Nava aclaró que la petición del PAN había sido incrementar el IVA al 17 por ciento, circunstancia que había sido incumplida, y que abría la posibilidad para construir alianzas electorales con todos los partidos políticos.
El escándalo alcanzó el debate en la Cámara de Diputados Federal. Las acusaciones entre panistas y priístas fueron agudas y profundas. La legisladora panista María Elena Pérez de Tejada puso en duda las causas de la muerte de la esposa de Peña Nieto; mientras que el diputado priísta Alfonso Navarrete Prida exigió investigar presunto tráfico de influencias al interior de PEMEX, cuando el director jurídico de la secretaría de Energía era César Nava, el titular de la dependencia, Felipe Calderón, y como subsecretario de la dependencia Juan Camilo Mouriño, uno de los principales beneficiarios de los negocios de la paraestatal.
Apenas el Estado de México administraba el conflicto, y resarcía los daños del desprestigio por el pacto antialianzas, cuando Peña Nieto ya tenía frente a sí una crisis institucional aún más grave.
Corría el mes de marzo de 2010, cuando fue denunciada la misteriosa desaparición de una menor de 5 años, su nombre: Paulette Gebara Farah. Su caso conmocionó a la sociedad, su foto se difundió a través de correo electrónico, y redes sociales como Facebook y Twitter. La niña -que vivía en una exclusiva zona residencial de Huixquilucan- tenía una discapacidad mental, lo que hizo que su caso alcanzara la atención de las televisoras nacionales. Hasta la habitación de la menor, los llamados líderes de opinión entrevistaron a la madre de la víctima, Lizette Farah, para buscar explicaciones de un posible secuestro, e indagar pistas para su localización.
El procurador de justicia estatal, Alberto Bazbaz Sacal, de inmediato inició las pesquisas. Los peritajes al interior del edificio, perros de rescate rastrearon el departamento, los interrogatorios se prolongaron por horas, y las inconsistencias comenzaron a aparecer. Frente a la exigencia de explicaciones, el procurador estatal salió al paso de los cuestionamientos, y con determinaciones judiciales bajo el brazo, convencido de su hipótesis inicial.
De entrada, ordenó el arraigo de los padres de la menor, Mauricio Gebara y Lizette Farah, por contradicciones en sus declaraciones. Peritajes en psicología determinaban que la madre de Paulette era indiciada, y la definían como una mujer fría, y desapegada de su hija. El escarnio público fue inmediato, seguido de un linchamiento comunitario a través de redes sociales.
Días más tarde, el cuerpo sin vida de Paulette fue encontrado debajo de su cama, una situación inverosímil, tras considerar las decenas de personas que estuvieron en la habitación de Paulette. Lo peor vino en la conclusión de la indagatoria, que derivo en que la pequeña había fallecido por asfixia, y como resultado de un accidente, pues la niña mientras estaba dormida, habría rodado sobre su cama, hasta quedar entre el colchón y la base de su cama impedida para respirar. La opinión pública condenó la impericia del procurador en turno, obligado por las circunstancias a renunciar días más tarde.
En el último de su gobierno, Enrique Peña Nieto estuvo dedicado a que la elección de su sucesor no saliera de control. Aguilar, Nemer, Videgaray, Del Mazo y Eruviel eran los cinco finalistas que podían hacerse de la candidatura priísta; mientras se hacía lo necesario para evitar que se conformara la alianza entre PAN y PRD, lo que garantizaría un triunfo priísta holgado como finalmente ocurrió.
En la etapa final, la decisión favorecía a Del Mazo Maza. De forma anticipada, Ernesto Nemer y Luis Videgaray declinaron a la candidatura. Ricardo Aguilar ni siquiera hizo pronunciamiento, mientras que Eruviel Ávila amagó con separarse del partido, y encabezar la alianza si la decisión favorecía a Del Mazo, primo de Peña Nieto.
La decisión dio un viraje inesperado. Del Mazo fue obligado a declinar, y Eruviel se hizo de la candidatura. La oposición no concretó la alianza electoral, y fueron con candidatos que ya anticipadamente habían competido por la gubernatura en 1993, cuando triunfó el prista Emilio Chuayffet. El PAN fue abanderado por Luis Felipe Bravo Mena; mientras que el PRD lanzó como su candidato a Alejandro Encinas Rodríguez.
En una votación histórica, Eruviel Ávila superó los 3 millones de sufragios; seguido de Alejandro Encinas con poco más de un millón de votos; mientras que Bravo Mena apenas rebasó los 600 mil votos.
Con la consigna de entregar el poder a un priísta el próximo 15 de septiembre, y encabezar las preferencias electorales de 2012, Peña Nieto rendirá hoy su sexto y último informe de gobierno, aunque con claroscuros que lo perseguirán antes de convertirse en candidato presidencial, donde competirá frente al líder senatorial, Manlio Fabio Beltrones; y en caso de ser el abanderado del priísmo, una terca memoria le perseguirá como parte de la guerra sucia que enmarca cada contienda electoral.
Con la consigna de entregar el poder a un priísta el próximo 15 de septiembre, y encabezar las preferencias electorales de 2012, Peña Nieto rendirá hoy su sexto y último informe de gobierno, aunque con claroscuros que lo perseguirán antes de convertirse en candidato presidencial, donde competirá frente al líder senatorial, Manlio Fabio Beltrones; y en caso de ser el abanderado del priísmo, una terca memoria le perseguirá como parte de la guerra sucia que enmarca cada contienda electoral.
