Redacción

Toluca, Edomex; 2 de julio de 2024.- El senador de la república, Ricardo Monreal Ávila adelantó que, una vez que sea aprobada la reforma constitucional al Poder Judicial, las entidades federativas tendrán 180 días hábiles para hacer las adecuaciones legales a los poderes judiciales locales, en los que se tiene como una condición irreductible la austeridad republicana, lo que incluye ajuste a los salarios y pensiones de magistrados y jueces; y otros privilegios de la alta burocracia de los órganos jurisdiccionales y autónomos.

Al inaugurar el foro sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados del Estado de México, Monreal Ávila aseveró que los ajustes legales propuestos a nivel federal, tendrán como salvaguarda los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, ya que se tendrán garantizado que los presupuestos de egresos contemplarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, seguros, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral.

“En el caso de las entidades federativas y sus legislaturas locales, una vez aprobada la reforma tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales. Es decir, señor presidente del Tribunal aquí en el Estado de México, viva la austeridad también para ustedes”, sentenció.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, advirtió que México es un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal, lo que genera lentitud y rezago, por lo que asestó que uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo.

Sodi Cuellar expuso que, en México, en promedio las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, particularmente el Estado de México tiene 2.8; sin embargo, el estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes, tras plantear que en un escenario realista, se tiene una meta de tener 10 jueces por cada 100 mil habitantes.

“Una buena administración de justicia es cotosa, una mala administración de justicia es más cotosa todavía. Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad, el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente”, añadió.

En su intervención, Monreal Ávila aseveró que el Poder Judicial es altamente costoso y con amplios beneficios para ministras y ministros aún en retiro, como lo es el pago total de su salario de 300 mil pesos, en los primeros dos años, y el 80 por ciento los siguientes años hasta su muerte.

Entre otros privilegios, se considera un seguro de vida por 12 millones de pesos, para los ministros y ministras y su cónyuge, además se contempla un pago por defunción de un millón 189 mil pesos, y ayuda para gastos funerarios; así como la disposición de dos chóferes, tres personas de apoyo técnico y cinco personas para su seguridad personal, todas pagadas por el erario federal.

“Con el inicio de la vigencia de la reforma constitucional, las ministras y los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro. Todos los jueces de distrito y magistrados gozan de esta prebenda. Cómo conciliar sus derechos adquiridos es lo que estamos intentando construir con imaginación y justicia, los legisladores en estos foros de debate”, agregó.