Redacción

Toluca, Edomex; 14 de junio de 2024.- Antes de que concluya el plazo legal para las impugnaciones y en ejercicio de sus derechos, el PRI mexiquense interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de México un juicio de inconformidad sobre la asignación de diputados de representación proporcional en el Congreso Local, por considerar que, con dicha distribución de curules se vulnera la voluntad ciudadana y no se da cumplimiento al principio de autenticidad del voto.

En el recurso de impugnación, el PRI estableció que la distribución aprobada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) incurre en una excesiva e ilegal sobre representación de los partidos que integran la coalición oficialista en la entidad y al mismo tiempo se genera una subrepresentación de los partidos de oposición.

“El objetivo de dicha sobre representación para el oficialismo es garantizar a Morena y sus aliados el control de los órganos de gobierno del Congreso, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, así como la distribución de las comisiones y diversas direcciones del Poder Legislativo local”, planteó el PRI.

El partido consideró inadmisible que habiendo obtenido el 17.2% de la votación, su representación en el Congreso sea de 9 diputados, apenas el 12%, en tanto que el PVEM, que solo obtuvo el 8.8%, tenga en total 10 curules equivalentes a 13.3% y con ello sea considerado la segunda fuerza política en el legislativo.

Calificó de reprobable que solo las fuerzas políticas oficialistas tengan sobre representación, que en suma asciende al 15.4%, mientras que los partidos de oposición están subrepresentados con una suma de 13.8 puntos porcentuales, por debajo de la proporción de votos que obtuvieron.

El PRI alegó que es fundamental que cada voto sea auténtico, es decir, que refleje la verdadera intención del votante sin coacciones externas o fraudes que puedan distorsionar el resultado electoral.

Dentro de los argumentos fundamentales en la impugnación, se destacó que el principio de autenticidad del voto es un pilar fundamental de la democracia que garantiza la legitimidad de los procesos electorales y la representatividad de los gobernantes.

El PRI expresó su confianza en que la autoridad jurisdiccional pueda recomponer esta distorsión jurídica provocada por el IEEM.