Oficializan cambios para la administración de Delfina Gómez: Amplian facultades a secretarías
Redacción
Toluca, Edomex 31 de agosto del 2023. Con la aprobación del pleno de la LXI Legislatura mexiquense, este jueves se oficializó la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que da paso a al rediseño institucional para el gobierno de Delfina Gómez Álvarez. El nuevo ordenamiento entrará en vigor el 16 de septiembre del 2023, fecha en la que inicia el periodo constitucional de la morenista como titular del Poder Ejecutivo.
A partir de esa fecha, el gabiente legal se integrará con 16 secretarías una Oficialía Mayor y una Consejería Jurídica, estas dos ultimas creadas a propuesta de la gobernadora electa.
Además, la gubernatura contará con unidades de apoyo para su mejor desempeño como la Secretaría Técnica, una Jefatura de Gabinete y Proyectos Especiales y una Vocería que realizará las funciones que hasta ahora realiza la Coordinación de Comunicación Social.
La nueva ley pretende hacer más eficiente el ejercicio del gobierno y amplía facultades a las dependencias y fortalece los esquemas de anticorrupción y rendición de cuentas.
Por ejemplo, todas los procesos de adquisición, licitación, enajenación y licitación que realice el gobierno del estado estarán a cargo de la Oficialía Mayor, con lo que se reducirán las posibilidades de que haya corrupción en estos procedimientos.
También se fortalecen las facultades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública también establece que la Secretaría General de Gobierno dará seguimiento al Programa de Acciones Estratégicas de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y podrá emitir declaratorias de Alerta de Género. Además se le facultó para desarrollar, en conjunto con la Oficialía Mayor, la política de Gobierno Digital.
La Secretaría de Seguridad deberá realizar investigación y contar con bases de datos que contribuyan a la prevención del delito, programas de reinserción social de las personas en situación de reclusión y garantizar que la actuación de instituciones policiales sea bajo cero tolerancia a la corrupción, de transversalización de la perspectiva de género y enfoque de derechos humano, además de establecer la Policía de Género del Estado de México, en el organigrama de la dependencia.
A propuesta del PRI, se agregó a la Ley que la Secretaría de Finanzas deberá impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño y ejecución del presupuesto estatal.
Entre las nuevas facultades de la Secretaría de Educación se encuentra que debe crear protocolos para prevenir el acoso escolar y sexual dentro de los centros educativos, además de impulsar guarderías y escuelas de tiempo completo, según la población objetivo y de acuerdo al presupuesto.
Mientras que la Secretaría del Bienestar deberá publicar los padrones de personas beneficiarias de los programas sociales del Gobierno del Estado de México; la Secretaría de Desarrollo Económico debe promover estrategias para el desarrollo energético sustentable y la Secretaría de las Mujeres tiene que fortalecer la red estatal de refugios para atender a mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos.
Y la Secretaría de Movilidad debe fomentar campañas para reducir índices de accidentes, fomentar el trato respetuoso, inclusión e igualdad y combatir el acoso; además emitir protocolos para prevenir violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en el servicio público de transporte.
La Consejería Jurídica será la encargada de dirigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, así como participar en el Sistema de Atención a Víctimas del Estado.
En los artículos transitorios se establece que la Legislatura cuenta con un lapso 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para armonizar la legislación correspondiente, y la persona titular del Poder Ejecutivo deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales, a partir de su entrada en vigor