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Ayer en El Vaticano, el Presidente Enrique Peña se reencontró con el cardenal Francisco Robles Ortega. Quien fuera obispo de Toluca cuando Peña encumbraba su trayectoria política, le dio la bienvenida previo a la misa celebrada la madrugada de este martes como parte del inicio del pontificado del Papa Francisco. Ambos considerados mexiquenses, uno por nacimiento y otro por adopción, ocupan actualmente los cargos político y eclesiástico de mayor jerarquía en el país. Uno como Presidente de México, y el otro como Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Peña viajó con la encomienda de que Jorge Mario Bergoglio visite en el futuro mediato tierras mexicanas. Acompañado del canciller José Antonio Meade y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el mandatario mexicano reivindicó lo que es bien sabido: su fe católica. No hay que olvidar que Enrique Peña cursó los estudios de la licenciatura en la Universidad Panamericana, siempre ligada al Opus Dei, y de esa fuerza doctrinaria está formado el mexiquense.

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Vaya ola de violencia aqueja al Estado de México. Ayer fueron cuatro las ejecuciones perpetradas en la entidad. Tres cadáveres fueron hallados en el municipio de Nezahualcóyotl –las cuales presentaban el tiro de gracia en la cabeza-. Las explicaciones que pueda dar la autoridad son insuficientes, frente al fracaso reflejado en los índices delictivos. El año en curso va que vuela para romper toda estadística por los homicidios dolosos que se acumulan.

Para rematar el día, una mujer, identificada como policía del municipio de Ecatepec –tierra natal de Eruviel Ávila-, fue encontrada con un disparo en el cuello en el Centro Regional, José María Morelos y Pavón. Una jornada violenta que arroja que el problema no corresponde a un mero mando único, cuando se tienen cuerpos policíacos infiltrados por el crimen, y la falta de planeación preventiva del delito, por encima de meros patrullajes disuasivos.

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Ahora que recién se dieron nombramientos en el Instituto de Información Pública del Estado de México, se vuelve necesario ejecutar un balance sobre la transparencia tanto en el gobierno estatal como en los Ayuntamientos. Se trata, en esencia, de un mero “elefante blanco” que los ciudadanos poco saben su existencia, y en menor proporción su utilidad o funcionamiento. Su autonomía se encuentra en entredicho, como desde el día en que surgió.

En los años de permanencia, han podido más sus conflictos internos entre consejeros, que sus resoluciones en materia de acceso a la información. Son más los intereses por las parcelas del poder y el reparto presupuestal, que su función para hacer de los gobiernos entes más transparentes. Se debería pensar más en su reingeniería que en nombrar nuevos consejeros, que no resuelven el problema estructural de la institución.

 

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