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La reaparición pública de Carlos Salinas y Arturo Montiel forman parte del regreso folklórico del PRI a Los Pinos. Ambos han influido en determinado momento y circunstancia en la vida política del mexiquense. Salinas es parte de su proyección nacional. Montiel es su formador. Peña Nieto sabe bien que “un presidente no tiene amigos” pero que los compromisos políticos valen más que cualquier panfleto firmado ante notario público. Salinas y Montiel se relamen los bigotes para insertarse en el ejercicio del poder político, porque el económico lo tienen de sobra.

Salinas ha influido en los últimos años a favor de Peña. Ahí está reflejado el apoyo inconmensurable de Paco Rojas desde San Lázaro. La premisa se confirma con la integración de salinistas al equipo de transición como Claudia Ruiz Massieu –sobrina del ex presidente-; y Emilio Lozoya –hijo del ex secretario de energía en el salinato-. Beltrones y Gamboa –vigentes desde Miguel de la Madrid- tuvieron su mayor ascenso con Salinas. Por eso al ex presidente no se le borra la sonrisa, está feliz y pleno del triunfo del peñismo, y del regreso del PRI a Los Pinos.

De Montiel y Peña se ha escrito todo. Enrique tuvo en Montiel un tutor, un liderazgo, su cobijo y quien le dio las grandes oportunidades de vida, hasta llegar a ser gobernador. En público muestran distancia a conveniencia, en lo privado siguen tan vinculados como siempre. Los montielistas en el peñismo también parecen con marca indeleble. Ni Salinas, ni Montiel aspiran a cargos públicos porque no los necesitan, pero serán factor real de decisión en el gobierno de Enrique Peña. El presidente electo mueve sus afectos a favor de ambos, y ellos ya se placean por el país.

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La iniciativa de Ley en materia de Transparencia presentada por Peña Nieto quedó chata. El mexiquense eximió de la obligación de rendir cuentas a los sindicatos, a pesar de que gran parte de su operación depende del ejercicio de recursos públicos. Peña no quiso meter ruido en uno de los sectores de mayor rentabilidad de su clientelismo electoral. Los obreros, maestros, mineros y demás, que manejan inimaginables cuotas a discreción podrán dormir tranquilos, y muchos de sus liderazgos amasando fortunas envidiables. Guardar esas formas no es una buena lectura.

Otros a quienes sí se les va ir el sueño son los institutos de transparencia estatales. La autocomplacencia con que actuaban los consejeros estatales a nivel local, bajo el sometimiento del Poder Ejecutivo tienen un pie fuera de su encomienda. Otorgar facultades federalistas al IFAI es la mejor medida adoptada frente a consejeros estatales que respondían a cuotas partidistas, a intereses políticos y hasta revanchismos partidistas. Los gobiernos estatales y municipales deberán rediseñar sus procedimientos de acceso a la información de forma urgente.

En el Estado de México, a casi una década de su creación, nadie sabe para qué sirve, qué hace y cómo lo hace el Instituto de Información Pública de la entidad. En ese corto tiempo de existencia han cambiado de nombre, pero no de forma, y no hay hasta la fecha una acción que se recuerde por su trascendencia, y que haya permitido que existan ciudadanos mejor informados, o gobiernos más transparentes. La actuación pasa por un ejercicio de simulación. Qué bueno que el IFAI amplíe sus funciones, y del resto de los institutos si desaparecen, nadie los extrañaría.

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