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Toluca, Edomex. 10 de octubre de 2017.- Las próximas semanas, la agenda pública estará ocupada por la definición del Sistema Estatal Anticorrupción, donde un puñado de exconsejeros electorales -parte de esa élite política- llevan ventaja para vigilar a la clase gobernante que pertenecen. Algo es seguro, el Sistema Anticorrupción tendrá por delante los afectos, vínculos y componendas del gobernador Alfredo del Mazo, para legitimar su mandato, cumplir con la moda contra la corrupción y dar muestras de apertura política y democrática.

Otro gran factor de decisión en el Comité Anticorrupción será el recién casado y exconsejero jurídico presidencial, Humberto Castillejos. La triada del Sistema Anticorrupción lo conforman: el Fiscal General de Justicia del Edomex; la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y el Fiscal Anticorrupción. El primero es Alejandro Gómez Sánchez -excolaborador de Alfredo Castillo Cervantes (primo de Humberto Castillejos)-. La segunda es Myrna Araceli García Morón exsecretaria particular del propio Castillo Cervantes (exprocurador mexiquense y hoy titular de la Conade). Y el tercero, Luz Viñas Correa, excontralor de la consejería jurídica que encabezaba Castillejos.

Ivett Tinoco no abandonará su lugar como parte de la comisión de selección del comité anticorrupción. La actual directora general de patrimonio cultural justifica que nada le impide mantenerse como funcionaria y parte de dicha comisión. Para evitar mayores reclamos, Tinoco ya tiene bajo el escritorio de su despacho en Cultura, una licencia temporal al cargo mientras se define el Sistema Anticorrupción. Un último argumento: la comisión no contempla reemplazos, y su salida dejaría a la comisión incompleta.

Algunas voces al interior de la legislatura mexiquense, advierten que Marco Cienfuegos -director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM- se abstendrá de participar en el Comité Anticorrupción. Su tutor político, José Martínez Vilchis forma parte de los candidatos al comité.

A pesar del intento por evitar partidizar la designación del Comité, el proceso ya se ha decantado entre quienes se identifican con el priísmo, que ha buscado incidir a favor del sector académico; el panismo, en conexión con el sector empresarial que pretende integrarse a la vigilancia de la clase gobernante; y el perredismo con perfiles menos afines a la fiscalización, en un puñado de candidatos de la sociedad civil. Las componendas garantizan el statu quo.

Otro gran desafío se relaciona con la integración de los 125 comités municipales contra la corrupción del Estado de México. En los hechos, sólo implicará acrecentar la burocracia de las contralorías municipales para cumplir con las disposiciones legales y administrativas. Mientras que en el ejercicio político, todo quedará en una simulación, donde los presidentes municipales controlarán los procesos de selección con la discrecionalidad que les garantice impunidad. Todo es una simple moda política y discurso electorero.

 

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