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Toluca, Edomex. 01 de noviembre de 2016.- El escándalo inmobiliario que enfrenta Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, pone de manifiesto un gobierno involucrado con la corrupción, el conflicto de interés, el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito. En los últimos veinte años, la evolución patrimonial ha sido la principal muestra inequívoca de una clase gobernante que se enriquece de forma inexplicable al amparo del poder.

La realidad de la que hoy el priísmo pretende hacer escarnio con Javier Duarte, como muestra de su compromiso anticorrupción, puede ser contraproducente en el costo político por asumir. Por si fuera poco, el rancho exhibido en la víspera como propiedad de Javier Duarte -con un valor superior a los 200 millones de pesos-, se ubica en territorio mexiquense, con el riesgo de salpicar a su clase empresarial y a su élite política en la víspera electoral de la entidad.

montiel_priedomex_planamayor3Ya en otros momentos de escándalo, la evolución patrimonial ha golpeado severamente a la élite política mexiquense. En 2005, Arturo Montiel fue descarrilado de sus pretensiones presidenciales por su evolución patrimonial. El hoy secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava fue acusado de ser su prestanombres en casi 123 propiedades sólo en el Estado de México. Los casos más recientes, son los casos de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, respectivamente. La imagen presidencial golpeó duro como una muestra del conflicto de interés aún sin resolver.

Sin distingo, priístas, panistas y perredistas se han aprovechado de sus posiciones políticas, del ejercicio del erario público y de una rampante e impune corrupción para generar negocios particulares. El lujo patrimonial como parte de una estrategia sistemática por esconder dinero público que termina en manos privadas. La evolución de la riqueza personal como último recurso de un golpeteo político, pero jamás como un acto de justicia para abatir la impunidad.

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De confirmarse la versión de un justiciero anónimo, que dio muerte a cuatro presuntos asaltantes en la carretera México – Toluca, se advierte un hartazgo social frente a la falta de legalidad en el país. Un personero que prefirió hacer justicia por propio mano ante la pasividad de las instancias de justicia. Ahora ya no fue un linchamiento, sino un asesinato a quemarropa para vengar un delito que pasaría a las estadísticas de la impunidad. Un mal mensaje en una situación que vulnera el discurso institucional de combate al crimen.

En paralelo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, salió a difundir precipitadamente la versión oficial, para desestimar la presencia del crimen organizado. La estrategia se encamina en descartar un ajuste de cuentas, que ponga en un escenario catastrófico la gobernabilidad de la tierra natal peñista. El Estado de México, otra vez puesto en la escena mediática nacional, pero por un escenario adverso que topa de frente con la realidad eruvielista, y sus pretensiones de futuro electoral.

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