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Exhibe CNDH condiciones deplorables de las cárceles en Edomex; co-gobierno y hacinamiento las constantes

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Israel Dávila

Toluca, Edomex 4 de mayo del 2018.- Los años pasan y las cosas permanecen igual en las cárceles mexiquenses. Como lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace siete años, en la mayoría de las prisiones del estado de México se da un co-gobierno entre las autoridades penitenciarias y los reos, quienes controlan extensas áreas de cada uno de los centros  denominados de reinserción social;  se realizan actividades ilícitas como la venta de estupefacientes y se cobran cuotas o se recurre a la extorsión para brindar seguridad a las personas privadas de su libertad.

La semana que termina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017,  donde evalúa las condiciones de las cárceles del país. Entre septiembre y noviembre del año pasado, –ya durante la administración de Alfredo Del Mazo como gobernador del estado—el organismo visitó 11 de las 21 prisión mexiquenses que existe en el territorio estatal. La calificación que obtuvieron las prisiones del estado es de 6.3, una décima porcentual menos que en el diagnóstico del 2016.

Cuatro de los once centros preventivos de reinserción social visitados fueron reprobados pues no garantizan ni la seguridad de internos, no cuentan con infraestructura suficiente para albergar a la población penitenciaria, por lo que existe hacinamiento y no hay programas de atención laboral o de estudios para que los reos puedan cumplir con su proceso readaptatorio.

Las cárceles reprobadas son la de Barrientos en Tlalnepantla, que obtuvo la calificación más baja; la de Chiconautla,  en Ecatepec, Neza Bordo y Cuautitlán. De panzazo pasaron Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Chalco, Otumba y Texcoco; y las penitenciarías modelo de Neza, la de alta seguridad de Tepachico en Otumba y la femenil también en ese municipio fueron calificadas como regular.

El problema más grave que enfrentan las prisiones mexiquenses es la sobrepoblación y el hacinamiento. Existen cárceles donde están presos más del triple de la capacidad instalada como en Chiconautla, que fue diseñado para albergar a mil 200 internos y en la actualidad tiene 4 mil 200, o Barrientos donde tiene capacidad para menos de mil internos pero existen presos 3 mil 482 personas,  o Chalco que tiene una población penitenciaria de más de dos mil 200 internos cuando su capacidad es para atender dignamente a 600.

La sobrepoblación y hacinamiento existe en ocho de los once centros supervisados.

La deficiencia e insuficiencia de instalaciones dignas es otro grave problema. Todas las revisadas, sin excepción tienen carencias graves en el área médica, problemas de higiene en el comedor y en la cocina y los alimentos que se proveen a los reos son indignos.

De acuerdo con la CNDH en varios centros, los reos hacen funciones de autoridad que devienen en un cogobierno o en auto gobiernos. Son pequeñas bandas las que mandan dentro de las cárceles. Así se pudo constatar en Ecatepec, Barrientos, Neza Bordo, Santiaguito, Chalco, Cuautitlán y Otumba. Se comprobó que los internos realizan actividades ilegales dentro de los cárceles y que existe un sistema de cuotas entre internos para garantizar su seguridad, que en la mayoría de los casos deviene en casos de extorsión, como quedó al descubierto el caso del Tatos, un internos que imponía su ley en Chiconautla, a través de la extorsión y la violencia.

En las cárceles no hay programas efectivos para combatir y erradicar las adicciones, no existen programas definidos de empleo, capacitación o educación y menos existe un programa donde se le pueda dar seguimiento y atención a las quejas de la población penitenciaria.

La falta de personal de custodia también es una constante y las condiciones de salubridad dentro de las celdas es una asignatura pendiente.

El gobernador Alfredo Del Mazo y la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes se comprometieron a retomar el control total de las cárceles, acabar con los autogobiernos e implementar medidas para una efectivo proceso de reinserción social. Apenas llevan unos meses en el cargo y su tarea parece casi imposible de cumplir.

 

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