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EDITORIAL (13-11-2017)

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La reconstrucción de viviendas dañadas como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre se resolverá a través de una lacerante deuda pública que rebasará los 2 mil 800 millones de pesos, junto a 973 millones de pesos como parte del Fondo para Desastres  Naturales (Fonden), que permitirán atender la emergencia que afectó a miles de familias mexiquenses que lo perdieron todo.

La honda preocupación transita por elevar una deuda que afecta irremediablemente a las finanzas públicas, pero que además se advierte no resolverá de fondo los daños que sufrieron viviendas, escuelas, hospitales y espacios públicos, ante la incapacidad institucional para remediar el desastre causado por el temblor en amplias zonas y diversos municipios  mexiquenses.

Hasta ahora, la oposición en la Legislatura Estatal ha resuelto algunas tímidas inconformidades respecto de la intención por endeudarse por atender la emergencia del temblor. No obstante, ha preferido un ominoso y conveniente silencio para congraciarse con las miles de familias damnificadas.

En tanto, poco se ha contemplado sobre la obligatoriedad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos que surgirán a partir de dicho endeudamiento, y pocos son los controles que se contemplan para garantizar que la deuda no sea utilizada en el ejercicio de gasto corriente de la burocracia estatal.

El gobierno de Alfredo del Mazo ya ha dado las primeras muestras de resolver las condiciones prioritarias del Estado, al no considerar medidas de ahorro que permitan hacer frente a lo urgente, sin embargar el futuro de las próximas generaciones, a través de una deuda pública que se ha consolidado en un lastre de las finanzas públicas, y cuyo único beneficiario es la banca privada.

La oposición, y por supuesto la mayoría priísta en la legislatura, están a favor de firmar un cheque en blanco a la recién inaugurada gestión delmacista, para contribuir a la abultada deuda pública del Estado de México heredada por el ecatepense Eruviel Ávila Villegas, que ya rebasa los 40 mil millones de pesos, y que ocupa uno de los primeros lugares del país por su endeudamiento.

En contraste, la burocracia institucional enquistada en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, emprende esfuerzos menores por eliminar los gastos en su nómina, o en gastos personales como gasolina y telefonía, que representen una contención del ejercicio presupuestal, y de cuyos ahorros se pudieran destinar a la reconstrucción de daños, antes que pensar en acrecentar la deuda pública como una alternativa de soluciones para atender la contingencia.

En consecuencia, también se advierte que en el presupuesto anual que aprueba año con año la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, no hay consideraciones para contingencias naturales, lo que advierte la falta de previsión institucional para atender emergencias y a grupos vulnerables.

Por ahora, es indispensable evitar un gasto discrecional en el ejercicio de la deuda pública, cuyos recursos deberán únicamente destinarse a la reconstrucción de zonas dañadas por el sismo, pero más importante aún, que las labores en viviendas afectadas no se convierta en un gasto clientelar, y que derive en programas o planes con fines electorales para el partido en el poder.

La oposición, como parte de la legislatura, deberá ejercer los controles y candados para evitarlo, o bien, ser parte complaciente de esas acciones coercitivas en la incipiente democracia que padece el Estado de México.

 

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