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Aprueban diputados reformas para obligar a los ayuntamientos a cubrir laudos laborales

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Roberto García

Toluca, Edomex, 8 de agosto del 2019.-  Los diputados locales del Estado de México aprobaron, esta noche, en comisiones, reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad y a la Orgánica Municipal encaminadas a resolver y prevenir los laudos laborales que se presenten en los ayuntamientos, con el fin de evitar incumplimientos que pueda derivar en la  destitución de autoridades por incumplimientos de pago, como este año ocurrió en el municipio de Coacalco.

Con las reformas, ahora los ayuntamientos mexiquenses están obligados a destinar un porcentaje del presupuesto anual para cubrir las obligaciones derivadas de las sentencias que se dictan en los juicios laborales.

En la actualidad, los 125 municipios del estado tienen adeudos de casi 4 mil millones de pesos producto de los laudos laborales que les han heredado administraciones anteriores, por presuntos despidos injustificados, de tal forma, que las nuevas administraciones que arrancarán funciones el 1 de enero del próximo año, ya deberán tener un presupuesto contemplado para cubrir con el pago de estas sentencias por juicios laborales..

En las reformas aprobadas este miércoles con el voto del PRI, PVEM y Nueva Alianza, promotora de la iniciativa,  se establece que mes con mes, se debe rendir un informe al cabildo sobre la situación de los juicios laborales y se deben tomar acciones para evitar el incumplimiento de pago por las sentencias que se dicten.

Una de las modificaciones legales que se hacen a la Ley Orgánica Municipal es la que se hace para que en los procedimientos de embargo que se dictan en contra de los ayuntamientos por el incumplimiento de pago, queden a salvo maquinaria, vehículos e instrumentos de los organismos de salud y protección civil, además de las cuentas de participaciones y aportaciones federales, que desde ahora serán inembargables.

También se prevé sanciones económicas de hasta mil días de salario mínimo  a la autoridad que se niegue a pagar o a cubrir los laudos laborales, es decir, unos 80 mil pesos.

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